Los pobres exigen flexibilidad laboral

La informalidad laboral en el Perú representa el 72% de los trabajadores. Según el Instituto Peruano de Economía, esta cifra es extremadamente alta, 44% mayor que en otros países de similar ingreso per cápita. En otras palabras, la extrema informalidad en el país no se explica por el tamaño y desenvolvimiento de la economía, sino por la legislación que organiza las relaciones entre trabajadores y empresas.

Todos los rankings mundiales que miden la legislación laboral de las diversas sociedades señalan que el régimen laboral peruano es uno de los más rígidos para el mundo de la pequeña empresa, por los altos costos de contratar y despedir. En este contexto, las tres cuartas partes de los trabajadores peruanos no pertenecen a ningún sistema previsional ni de salud. 

Diversos artículos y análisis han señalado que la causa principal de la informalidad tiene que ver con una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del año 2000, que estableció que el trabajador despedido podía ser reincorporado a su puesto de trabajo, en vez de otorgarle la correspondiente indemnización. El fallo del TC elevó el costo de los contratos temporales e instaló la rigidez absoluta en cuanto a contratación y despido. De esta manera se desarrolló el reino de la rigidez laboral absoluta, a semejanza de las economías colectivistas, estatistas y socialistas. El criterio del TC, además, contrarió el espíritu general de la Constitución, que promueve las libertades económicas en general.

La flexibilidad laboral, para contratar y despedir, es la clave del éxito de cualquier régimen laboral. Por ejemplo, según la Fundación Heritage, Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda lideran a los países con mayor flexibilidad laboral, con un promedio de desempleo del 3%. Estados Unidos es otro país con gran flexibilidad para contratar trabajadores, y solo tiene un desempleo del 5%. Las cosas, pues, son más que evidentes.

De allí que en el Reporte de Competitividad 2017-2018, del Foro Económico Mundial, el Perú aparezca en el lugar 120 de un total de 140 en cuanto a flexibilidad para contratar y despedir. Sin embargo, no se necesita ir demasiado lejos para comprobar los efectos virtuosos que desata la flexibilidad laboral. El Ejecutivo acaba de ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) que consagra un sistema de flexibilidad en la contratación de los trabajadores agrarios, de acuerdo a la estacionalidad de las actividades productivas: siembra, cosecha y mantenimiento, entre otras. Los resultados son incuestionables. Según Apoyo y Consultoría, la pobreza en las regiones agroexportadoras se redujo del 67% de la población a solo 19% en el periodo 2004-2017. Igualmente, el crecimiento de los envíos al exterior nos permiten hablar de un boom agroexportador: crecieron de US$ 800 millones a más de US$ 7,000 millones en el 2018.

De otro lado, la correcta decisión del Ejecutivo de ampliar la vigencia de la Ley N° 27360 hasta el 2031 también permitirá que los sectores forestal, acuícola y textil se beneficien de la flexibilidad laboral. En este contexto vale preguntarse, ¿por qué el Perú no avanza hacia una reforma que instaure la flexibilidad laboral? ¿Por qué no se toma como modelo y base de esta reforma a la Ley de Promoción Agraria?

Es evidente que las campañas de la izquierda y las corrientes colectivistas y comunistas en contra de la flexibilidad laboral, invocando “derechos ganados” y “normas que protegen al trabajador”, se han impuesto en el sentido común de los actores y las élites políticas. En realidad, las izquierdas defienden declaraciones legales de derechos que solo generan informalidad; sobre todo en el empleo ofrecido por las pequeñas empresas, que abarca a más del 80% del mundo laboral.