Litio peruano sigue estancado

Durante el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus, las autoridades argentinas han homologado los autos eléctricos de fabricación local de acuerdo a las normas internacionales. Los vehículos de carga y pasajeros, fabricados por la compañía Volt Motors, están autorizados para circular en las calles y carreteras hasta una velocidad de 105 Km/hora. Con la licencia de circulación, los directivos de la planta –ubicada en la provincia de Córdoba, en Argentina– anunciaron la fabricación en serie de autos eléctricos y de ventas a partir de octubre próximo. Este avance importante de la industria argentina es un modelo y un reto para los países de la región Latinoamericana productores de litio, el llamado “oro blanco”. 

Argentina es parte del triángulo de litio conformado por las zonas de Uyuni (Bolivia), Salta (Argentina) y Atacama (Chile), donde se concentra el 85% de la producción mundial de litio, el mineral base para la fabricación de baterías de litio ionizado, necesarias para los autos eléctricos. No obstante que la carrera por el litio se ha iniciado décadas atrás –como una alternativa viable a los combustibles derivados del petróleo–, en Perú la producción de oro blanco está literalmente en pañales. Mientras Chile, Argentina y Bolivia avanzan y hacen alianzas comerciales con fabricantes de baterías y autos en el mundo para producir y procesar litio e instalar plantas de fabricación de autos, en Perú continúa en proceso el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el proyecto Falchani en Puno.

Vale señalar que en el sector de hidrocarburos, y en el triángulo de litio de los mencionados países, los EIA (información de profundidad y variedad del mineral, impacto ambiental, monitoreo, hidrología, ingeniería y otros) son reemplazados por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), más simple pero igual de rigurosa que cualquier otro instrumento ambiental. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en la provincia de Salta, la DIA “es el principal documento de aprobación para los proyectos mineros, para las etapas de construcción y de operación minera”. 

No obstante todas las perspectivas de innovación y desarrollo que ofrece el litio, Macusani Yellowcake SAC (MY) –concesionario del proyecto Falchani– litiga con el Estado peruano la continuidad de la inversión. La burocracia nacional pretendía desconocer 32 concesiones del proyecto por supuestas demoras de pago de obligaciones. Aun cuando la empresa demostró el cumplimiento de sus responsabilidades dentro de los plazos establecidos, un proceso en el Poder Judicial detuvo la inversión. Finalmente el Sexto Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo le dio la razón a MY y le otorgó la medida cautelar planteada y suspendió temporalmente la resolución que declaraba la caducidad de las concesiones mineras. 

Perú pierde una y otra vez por las normas y procedimientos establecidos por la burocracia. El alto valor comercial de los yacimientos de litio del altiplano peruano no se condice con la indolencia de la burocracia del del Estado, y el país desaprovecha oportunidades: proyectos industriales esenciales para la IV Revolución Industrial (energía a bajo costo para teléfonos móviles, equipos aeroespaciales, marina, fuerzas armadas, entretenimiento, alta tecnología, vehículos alternativos de transporte público y privado). Por su peso, tamaño y capacidad enorme para acumular energía, las baterías de litio son esenciales en el quehacer doméstico e industrial. Para la fabricación de una batería estándar, se necesita 20 kilogramos de litio; y para un teléfono móvil, 2 gramos.

Los fabricantes de autos europeos –Volkswagen, BMW y otros– reconvierten sus plantas para fabricar los “híbridos eléctricos”, y por ello el litio es considerado el mineral del futuro. No obstante, Perú continúa al margen, pese a los yacimientos de litio hallados en Puno. El proyecto de Puno, de US$ 860 millones para explotar los 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio, representa US$ 50,000 millones de ingresos para el país en los próximos años. ¿Acaso las autoridades no se han percatado de la demanda del millón de toneladas al 2025, con inversiones de US$ 12,000 millones? 

Es urgente, entonces, activar alianzas entre el Estado, las comunidades y las inversiones para ofrecerle posibilidades sociales y económicas al país. Gracias al litio, un amplio espectro de innovación tecnológica nos espera.