La guerra por el Lote 192

La izquierda quiere un “elefante blanco” petrolero

La izquierda no cesa en insistir en el regreso al pasado estatista. Sectores izquierdistas, movimientos políticos y gremiales del departamento de Loreto exigen que el estado -vía Petroperú- asuma la operación del Lote 192, la concesión petrolera de mayor importancia del país que Pluspetrol gestionará hasta el 29 de agosto. Semejante demanda se hace en un contexto internacional adverso para el precio del crudo que hoy está en US$ 42 por barril. Según diversos informes y estudios, la tendencia decreciente continuará. ¿Por qué se insiste en que el estado arriesgue el dinero de todos los contribuyentes en crear “elefantes blancos”?

Frente a las presiones de los sectores estatistas, la administración nacionalista ha dejado constancia de que nadie se deslizará hacia los desastres del llamado estado- empresario. El presidente Humala acaba de señalar que Petroperú no se “distraerá” asumiendo este proyecto y la titular de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, ha subrayado el criterio presidencial.  Vale entonces reconocer  el sentido común del gobierno en este tema, porque, cualquiera sea el ángulo o el enfoque, los riesgos de semejante proyecto deberían ser asumidos por los privados.

Las demandas de los sectores estatistas, además, contravienen la Ley 30130, ley de Modernización de la Refinería de Talara que ha establecido la friolera US$ 3,5OO millones para dicho proyecto y que prohíbe a Petroperú desarrollar otras iniciativas. Sin embargo la izquierda persiste en que la empresa estatal vuelva a los tiempos de la “integración vertical” del velascato que, como todos sabemos, destruyó la potencialidad petrolera del país y solo sirvió de “caja chica” de los gobiernos de turno.

La importancia del Lote 192 radica en que concentra el 17% de la producción del crudo nacional, con cerca de 10,000 barriles diarios, emplea a 6, 000 trabajadores y aporta a Loreto más de S/. 150 millones por canon y sobre canon. En este contexto, el Gobierno evalúa la entrega temporal por dos años a una empresa privada para evitar la paralización de la producción luego de que culmine la concesión de Pluspetrol. La urgencia de esta medida radica en que si no hay nuevo operador toda la tecnología de producción de los pozos colapsaría.

De allí que la administración nacionalista haya establecido una nueva relación entre el privado que operará el yacimiento petrolero y las comunidades nativas que están en la zona de influencia directa. Para eso se ha establecido una cláusula extraordinaria en el contrario temporal que crea un fondo social en beneficio de las comunidades. El 0,75% del valor de la producción fiscalizada del Lote 192 se destinará al fondo social para financiar proyectos de infraestructura, saneamiento y educación. Estos acuerdos se han conseguido a través de una mesa de diálogo intercultural entre el estado y las comunidades nativas adyacentes al proyecto.

Sin embargo la izquierda se radicaliza. En Iquitos se anuncian paros y movilizaciones reclamando que retorne el estado empresario. Lo preocupante es que el gobierno regional de Loreto respalde iniciativas que no promueven la inversión privada tan vital para la región.

Ha sido, pues, inteligente la decisión del gobierno de ponerse firme ante la presión estatista y las movilizaciones de la izquierda.