¡La guerra política destruye el sector privado!

La feroz guerra política en que se han embarcado el Ejecutivo y el Legislativo, y que hoy tiene un nuevo capítulo en el proceso de vacancia, comienza a destruir al sector privado; mientras los comunistas, los colectivistas, se sientan en el balcón para contemplar una ola de quiebras de empresas, pérdidas de empleos y un aumento general de la pobreza. Cuando se profundice la destrucción del sector privado, entonces gritarán a los cuatro vientos que el hambre y la miseria se deben al “modelo neoliberal”, a “la explotación de los burgueses”, y no a la frenética carrera de los populistas del Ejecutivo y del Congreso.

Hoy contemplamos un pico político en la confrontación del proceso de vacancia presidencial. Sin embargo, desde que se instaló el nuevo Congreso, el Ejecutivo y el Legislativo dispararon todas sus cañoneras populistas para ganarse el aplauso del pueblo, para que la encuesta registrara el alza de popularidad. Con una frivolidad que estremece, ambos poderes comenzaron a jugar con la gallina de los huevos de oro del Perú: el sector privado, que provee el 80% de los ingresos fiscales y el 80% del empleo. ¿Cómo se ha llegado a este nivel de indolencia? Los 15 sueldos de los ministros, de los congresistas y de los burócratas en general solo provienen del sector privado. Sin embargo, en un gesto extremo de frivolidad, se jugó a la popularidad golpeando e intentando ahorcar al sector privado.

El Gabinete Zevallos, por ejemplo, promulgó un decreto de urgencia, en contra de la Constitución y las leyes, que establecía la obligación de los centros de educación privada de presentar sus costos fijos y variables y de negociar las pensiones con los usuarios. En plena pandemia se establecía un control de precios indirectos, en contra de la Constitución y las leyes. Luego empezó una campaña inclemente contra las farmacias privadas, pretendiendo culparlas de la escasez de genéricos contra el Covid, no obstante que el Estado controla el 80% de las farmacias del país. Finalmente, el presidente Vizcarra hizo el segundo amague de estatización de los últimos 35 años (el primero fue la estatización de la banca del primer alanismo) contra las clínicas privadas, pese a que este sector solo atiende al 5% de la población.

Mientras tanto la macroeconomía comenzó a desmoronarse. El país que mejor posición fiscal tuvo antes de la pandemia terminará con cerca de 10% del PBI en déficit fiscal, con más de 38% del PBI en deuda pública y una caída libre en recaudación fiscal.

El Congreso no se quedó atrás en la juerga populista. Se aprobó una ley de peajes que violaba la preeminencia de los contratos establecidos en la Constitución, y que luego fue declarada inconstitucional. Si el Ejecutivo regalaba un poco de plata de las cuentas individuales de las AFP, el Legislativo aprobaba el retiro del 25% de esas cuentas, y luego se pasó a la devolución de los aportes hechos a la ONP. Aquí no importaba el futuro del sistema previsional ni el déficit fiscal en curso, se trataba de ganarle al Ejecutivo en popularidad. En un discurso que merece ser analizado por las facultades de ciencias políticas, un congresista acusó al BCR de prestarle a “los amigos de las AFP y el sector privado”. Una vez más la campaña contra el sector privado.

Si cerca de 40 empresas aportan el 85% del impuesto a la renta que recauda del Estado (con que se paga el sueldo de ese padre de la patria) y, de pronto, ese mismo Estado le dice a la gallina de huevos de oro que -debido a la pandemia– cierre todos sus negocios, que no venda, que paralice todas sus inversiones y procedimientos, ¿acaso no hay programa más justo que los créditos que se entregan a esas corporaciones para seguir pagando planillas? ¿Cómo luego se va a seguir recaudando el 85% del impuesto a la renta para seguir pagando los 15 sueldos de nuestra burocracia y de nuestros congresistas?

Y para no abundar en detalles, bastaría analizar los proyectos que existen en las diferentes comisiones del Legislativo y que buscan regular precios y mercados en educación, farmacias y bancos, o que buscan criminalizar las transacciones de los mercados, para percibir que la locura, la desinformación y la ignorancia parecen haberse apoderado de las conductas de un sector de parlamentarios.

Justo cuando se pierde el empleo de cerca de siete millones de peruanos, cuando se aumenta la pobreza, y ricos, pobres y clases medias del sector privado se ajustan los cinturones hasta perder la respiración, los políticos y demagogos que fracasan en todo –en la pandemia, en enfrentar la recesión– siguen recibiendo sus 15 sueldos enteros, y encima le cargan las culpas al sector privado. Para la historia universal de la infamia o de la frivolidad.