¡Inversiones en hidrocarburos en manos de las oenegés!

La petrolera Geopark ha decidido retirarse del país y devolver al Estado el lote 64 (ubicado en la región Loreto), abandonando un proyecto de explotación de hidrocarburos con una inversión de US$500 millones que esta empresa desarrollaba bajo la modalidad de joint venture con la estatal Petroperú. Una noticia que representa el triunfo de las organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales) y sus grandes campañas contra este y otros proyectos similares; y que debe encender las alarmas en los peruanos de buena voluntad, que creen que en estos momentos de pandemia se necesita inversiones que sean sostenibles con el ambiente y reactiven a nuestra pauperizada economía. A continuación le relatamos los hechos.

Sucede que, según las informaciones que han desplegado esas oenegés, dos organizaciones locales –el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) y la Federación de la Nacionalidad Achuar del Pastaza (FENAP)– “articularon estrategias para hacer frente a los intereses petroleros y detener las intenciones de explotar el lote 64”. Hasta allí, la información es creíble; sobre todo si se considera que han sido dos organizaciones representativas de las comunidades nativas las que se han opuesto al desarrollo del proyecto energético.

No obstante, sucede todo lo contrario. En días recientes, diversos líderes nativos han enviado una carta al presidente Martín Vizcarra, titulada “Manifiesto político de las comunidades nativas achuar de las cuencas Anaso y Situche del Río Morona, sobre el Lote 64”, exigiendo el retorno del proyecto inicial. ¿Cómo así? ¿No era que las comunidades y sus líderes demandaban la urgente salida de Geopark del Lote 64 y cerrar “de una buena vez” dicho proyecto, que podría generar hasta 34,000 barriles de petróleo de alta calidad? En el “manifiesto” se señala claramente que “la posición de ambas organizaciones (FENAP y GTANW) es unilateral y no representan los intereses de las comunidades y organizaciones de Situche y Anaso, ubicadas en el río Morona”.

No solo eso, en la carta a Vizcarra también se indica que “nuestras comunidades y organizaciones levantamos nuestra voz de protesta y expresamos que no estamos de acuerdo con el cierre del lote 64. Somos tres federaciones (FIAMK, FASAM y Nuevo OSHAM), las mismas que agrupan a las 23 comunidades y alrededor de 2,300 personas”. Es decir, las comunidades adyacentes al Lote 64 ¡sí quieren el proyecto! y desconocen directamente a esas organizaciones, que señalan que no son representativas.

El tema tiene más. A través de sus redes sociales, diversas oenegés internacionales –como Amazon Watch, que estuvo desarrollando la campaña contra el proyecto Lote 64– se ufanan de la salida de Geopark, como si se tratara de un logro de estas instituciones– y señalan, en un comunicado, que “…celebramos una gran victoria después de años de colaboración y trabajo duro para defendernos de otra compañía petrolera”. ¿Cómo pueden celebrar un proyecto sostenible que pudo aportar a la economía peruana cuando el coronavirus se traga los empleos? Increíble.

Todo lo anterior nos hace reflexionar sobre lo profundamente dañino que sería para el Perú, ratificar el Acuerdo de Escazú, porque situaciones como la narrada serían, en criollo, el pan de cada día: organizaciones internacionales deteniendo proyectos vitales para la economía de nuestra patria. No podemos aceptar semejante futuro.