¡Gobiernos regionales y locales sin planes ni prevenciones ante El Niño!

El Perú vuelve a enfrentarse a una amenaza climática de enormes proporciones, pero la respuesta de buena parte de sus autoridades regionales y locales continúa siendo insuficiente. El Ejecutivo ha declarado el Estado de Emergencia en 893 distritos de 22 departamentos y en la Provincia Constitucional del Callao ante el peligro inminente generado por las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027. La gravedad de la situación no radica únicamente en la magnitud del fenómeno, sino en que muchas de las autoridades responsables de prevenir sus efectos no han cumplido oportunamente con esa obligación.

Los datos de Apoyo Consultoría resultan contundentes. El 91% de los gobiernos regionales y locales carece de estudios de Evaluación de Riesgos. Es decir, no cuenta con información suficiente para determinar con precisión qué zonas de su territorio podrían inundarse ni cuántas personas estarían expuestas. A ello se suma que el 69% de las entidades subnacionales no dispone de un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres vigente.

La situación es todavía más grave cuando se analiza la capacidad de respuesta frente a una emergencia. El 92% de los distritos no tiene aprobado un Plan de Gestión Reactiva. Esto significa que, cuando llegue el momento crítico, muchas autoridades tendrán que definir sobre la marcha responsabilidades, procedimientos de evacuación, mecanismos para evaluar daños y formas de movilizar recursos. Una emergencia climática no puede enfrentarse improvisando aquello que debió planificarse durante meses o años.

Los sistemas de alerta temprana muestran la misma precariedad. El sistema correspondiente al río Piura registra apenas 34% de avance y el del río Ica alcanza 38%. Ambos cuentan con radares, pero todavía requieren sirenas, umbrales de activación y planes de evacuación. Más preocupante aún: Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima tampoco cuentan con sistemas de alerta temprana frente a inundaciones. En territorios expuestos a lluvias intensas, carecer de estos mecanismos significa perder minutos que pueden resultar decisivos para salvar vidas.

La ejecución presupuestal confirma que no se trata solamente de una falta de planificación, sino también de un problema de gestión. La Contraloría alertó que, hasta el 31 de julio, solo 317 municipalidades habían ejecutado menos del 40% de su presupuesto destinado a la prevención frente a El Niño. De ellas, 109 registraban una ejecución de 0%. ¿Cómo se puede explicar que municipios que conocen la amenaza y disponen de recursos para enfrentarla no hayan utilizado siquiera una parte significativa de esos fondos?

Piura representa uno de los casos que requieren mayor atención. La Contraloría ha advertido sobre el deterioro de las geobolsas instaladas como defensa ribereña en el río Piura, cuya condición podría contribuir a reproducir un escenario semejante al desastre de 2017 y poner nuevamente en riesgo a miles de personas. A ello se suma el cuestionamiento al involucramiento de las autoridades regionales. Carlos Neuhaus, presidente del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres —con participación del sector privado—, criticó al gobernador regional de Piura por no haber participado en una reunión vinculada con la preparación frente al fenómeno, pese a haber sido convocado previamente a sesiones relacionadas con las deficiencias y la emergencia climática.

El problema adquiere una dimensión mucho mayor cuando se observa el riesgo nacional. Según Cenepred, alrededor de ocho millones de personas podrían resultar afectadas por El Niño costero y El Niño global. Asimismo, alrededor de 19.9 millones de personas, más del 57% de la población, están expuestas a precipitaciones pluviales. Cerca de un millón de personas vive en el borde de quebradas y laderas de cerros con exposición altísima, mientras que 2.4 millones de predios podrían sufrir daños estructurales o incluso destrucción total.

El impacto tampoco se limitaría a las familias directamente afectadas. La economía peruana también está expuesta. El 23.7% del PBI podría sufrir los efectos de El Niño. La manufactura podría registrar pérdidas de S/ 111.8 millones diarios, el comercio de S/ 74.9 millones, el sector agropecuario de S/ 64.2 millones y el transporte de alrededor de S/ 40.4 millones. Además, la interrupción de carreteras podría dificultar el abastecimiento de alimentos y generar una inflación temporal durante los primeros meses de 2027, según Carlos Gallardo, gerente general del IPE.

El Perú conoce las consecuencias de llegar tarde. El recuerdo del fenómeno de 2017 debería haber convertido la prevención en una prioridad permanente, no en una reacción de último momento. Sin embargo, los datos muestran que una parte importante de los gobiernos regionales y locales todavía carece de los instrumentos básicos para identificar riesgos, prevenirlos y responder adecuadamente.

La declaración de emergencia debe convertirse, por ello, en una exigencia de gestión inmediata. No basta con decretar la emergencia cuando el peligro ya está encima. Hay que ejecutar los presupuestos, completar los sistemas de alerta, actualizar los planes, reforzar las defensas y establecer responsabilidades concretas. Frente a una amenaza que puede afectar a millones de peruanos y comprometer una parte significativa de la economía nacional, la improvisación ya no puede ser una opción. La prevención no es un trámite burocrático: es la primera obligación de las autoridades frente a sus ciudadanos.