Del chavismo al trumpismo

Durante demasiado tiempo los venezolanos hemos buscado la solución de nuestros problemas en la figura de un hombre providencial o en la intervención de una potencia extranjera. La historia reciente demuestra que ni el mesianismo autóctono del chavismo ni la ilusión de un protector externo —como las expectativas depositadas en liderazgos mesiánicos— pueden reconstruir una nación. Venezuela no necesita otro salvador. Necesita instituciones.

Tenemos una paradoja que debería obligarnos a una profunda reflexión. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, además de un enorme potencial energético. Sin embargo, semejantes riquezas terminaron convertidas en una nación empobrecida, con su aparato productivo destruido y millones de migrantes. La destrucción de PDVSA refleja las consecuencias de la politización, la falta de inversión y el uso de los ingresos petroleros para fines ajenos al bienestar nacional.

Sin embargo, el drama actual va mucho más allá de la ruina económica heredada del socialismo del siglo XXI. Hoy somos testigos de una peligrosa mutación: tras la captura de Nicolás Maduro por su vinculación con el narcotráfico, los intereses de Washington han optado por reconocer y pactar con figuras del mismo entrañable núcleo del poder —como Delcy Rodríguez—, incorporándolas a un supuesto gobierno interino a cambio de adueñarse de la riqueza petrolera venezolana.

Entre los negocios de la geopolítica de Washington y las élites corruptas del chavismo se pretende prorrogar la desgracia venezolana. Se relegan las exigencias de justicia, derechos humanos y democracia real para dar paso a acuerdos energéticos donde lo de menos es el destino de los ciudadanos. Del chavismo al trumpismo, la constante sigue siendo la misma: negociar el país a espaldas de su gente.

La seguridad jurídica no es un lujo reservado para los inversionistas. Es una condición indispensable para que una sociedad funcione. La eventual llegada de grandes inversiones extranjeras será necesaria. También lo serán la tecnología, el conocimiento empresarial y la capacidad financiera internacional. Pero ninguna empresa seria comprometerá miles de millones de dólares en un país donde una decisión política pueda alterar un contrato, donde la justicia dependa del poder o donde la propiedad privada carezca de garantías. Sin ella no hay inversión de largo plazo, no hay crédito, no hay emprendimiento y tampoco hay confianza. Y sin confianza, ninguna economía puede sostenerse.

Por eso, la reconstrucción de la nación no puede reducirse a celebrar acuerdos petroleros rápidos o a cambiar de amo en Miraflores. Se trata de recuperar la legitimidad democrática mediante elecciones verdaderamente libres y competitivas, que sirvan para que los ciudadanos recuperen su capacidad de decidir bajo qué reglas se ejerce el poder. Sin esa expresión popular, cualquier transición corre el riesgo de recaer en la voluntad de unos pocos y de reproducir, bajo nuevos nombres y alianzas internacionales, los mismos vicios que destruyeron el país.

Esta lección resuena con fuerza en toda América Latina. La historia de nuestra región, marcada por constantes ensayos autoritarios y falsas promesas de salvación patriótica o pragmatismo geopolítico, nos enseña que ninguna democracia genuina puede florecer bajo la tutela de intereses foráneos ni bajo la complacencia con las mafias del poder. El equilibrio republicano exige ciudadanos activos y conscientes, capaces de rechazar tanto el yugo del populismo radical como la mercantilización de su soberanía en despachos extranjeros.

La reconstrucción exige que el pueblo venezolano deba luchar en las calles para recuperar su libertad en democracia: un sistema donde el poder tenga límites claros, los ciudadanos ejerzan sus derechos y los gobernantes estén sometidos a la ley. El nuevo gobierno no debe presentarse como el salvador supremo ni como el peón de intereses extranjeros, sino como un instrumento democrático al servicio de la ley para devolverle el poder, los recursos y la dignidad a los venezolanos.