La tramitología bloquea y paraliza la inversión minera

La minería peruana enfrenta una paradoja que puede terminar costándole muy caro al país. Tenemos reservas minerales, experiencia empresarial, infraestructura y una industria reconocida internacionalmente, pero al mismo tiempo hemos construido una maraña burocrática que dificulta convertir esas ventajas en nuevas inversiones. Los trámites que debe enfrentar un proyecto minero pasaron de entre 15 y 17 a comienzos de los años 2000 a más de 265 en la actualidad. Y el problema no es solamente la cantidad: es el tiempo que esa burocracia termina consumiendo.

Desde S&P Global se estima que, a nivel mundial, transcurren en promedio 28 años entre el descubrimiento de un yacimiento y el inicio de operaciones. En el Perú, ese proceso puede extenderse entre 40 y 62 años. Existen casos particularmente dramáticos: Las Bambas requirió 105 años, Quellaveco 83 años y Antamina 76 años. Es decir, mientras otros países buscan acelerar sus procesos para captar capitales, el Perú permite que décadas transcurran antes de convertir un descubrimiento minero en producción.

El problema también aparece cuando se comparan los plazos establecidos por la ley con los que efectivamente deben afrontar las empresas. Un informe elaborado por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) llega a un diagnóstico similar: en la práctica, el tiempo real necesario para obtener permisos puede triplicar o cuadruplicar el plazo legal debido a observaciones, procedimientos y demoras. Rafael Lengua, socio de PPU, identifica a la certificación ambiental como uno de los principales cuellos de botella.

La consecuencia de esta situación no es abstracta. Tiene un costo económico gigantesco. La investigación ¿Qué estamos perdiendo como país?, elaborada por el Instituto Peruano de Economía, calculó que la no ejecución de 23 proyectos mineros retrasados por trabas burocráticas y conflictividad social entre 2008 y 2022 significó pérdidas de S/ 698,000 millones para la economía peruana. La paralización de estos proyectos también impidió la creación de hasta 541,000 empleos anuales durante la fase de producción y 125,000 durante la fase de inversión.

No estamos hablando, por tanto, de un sector marginal. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron US$ 62,848 millones y representaron el 67.5% del valor total exportado por el país. La minería equivale aproximadamente al 9% del PBI y genera cerca de 2 millones de empleos directos e indirectos. Cada proyecto que no se ejecuta por una combinación de burocracia, incertidumbre y conflictividad significa, entonces, dejar de aprovechar una fuente fundamental de divisas, inversión, empleo y recursos fiscales.

Además, la experiencia demuestra que los beneficios de la minería trascienden las cifras nacionales. El estudio El motor del sur, elaborado por el IPE sobre Southern Perú, permite observarlo con claridad. Entre 2004 y 2024, la empresa aportó S/ 49,440 millones al Estado, equivalentes al 57.4% del presupuesto agregado de los gobiernos subnacionales de Moquegua y Tacna durante ese período.

La transformación también se refleja en las condiciones de vida. En 1981, el 52.6% de las viviendas ubicadas en el área de influencia de Southern Perú contaba con agua, frente al 27.5% en distritos comparables sin actividad minera. En el acceso a desagüe, la diferencia llegó a ser de cuatro a uno. La economía de Moquegua, además, se multiplicó 21 veces desde 1960. Y en materia laboral, se estima que cada empleo directo minero genera otros 5.9 empleos indirectos en Moquegua y 6.6 en Tacna. Bajo esta estimación, los empleos directos de Southern habrían generado alrededor de 15,300 puestos adicionales en Moquegua y 14,800 en Tacna.

Mientras el Perú mantiene esta pesada estructura burocrática, otros países están haciendo precisamente lo contrario. Argentina ya aprobó 12 proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, por aproximadamente US$ 21,000 millones. Chile, por su parte, impulsa una reforma orientada a simplificar procedimientos, reducir cargas tributarias y generar incentivos para la exploración minera. La competencia internacional por atraer capitales no es una posibilidad futura: ya está ocurriendo.

Y el momento no podría ser más importante. El Perú enfrenta un superciclo de precios particularmente favorable. El oro se mantiene alrededor de los US$ 4,000 por onza, mientras el cobre supera los US$ 6.33 por libra. El primero está impulsado por su condición de activo refugio en un escenario internacional incierto; el segundo, por una demanda creciente vinculada a la transición energética y tecnológica. El país tiene los recursos para aprovechar este escenario, pero la burocracia amenaza con impedir que esa oportunidad se traduzca en producción.

Desde el Ministerio de Energía y Minas se proyecta autorizar 240 proyectos de exploración, explotación y concesiones de beneficio hasta finalizar 2026. Se trata de una meta importante, pero su impacto dependerá de que el Estado sea capaz de remover los obstáculos que actualmente frenan la inversión. La burocracia y la conflictividad social explican el 75% del retraso registrado en los proyectos mineros.

El Perú no puede seguir compitiendo por inversión minera con una mano atada a la espalda. En un escenario de precios elevados y creciente competencia internacional por capitales, cada año perdido significa una oportunidad que puede trasladarse a otro país. Reducir la tramitología, acelerar los permisos sin sacrificar los estándares ambientales y establecer reglas previsibles no es favorecer a la minería: es defender el interés económico del Perú.

La riqueza mineral existe. También existe la demanda mundial. Lo que falta es que el Estado deje de convertir la inversión en una carrera de obstáculos. Si el Perú no simplifica sus procedimientos ahora, otros países aprovecharán el superciclo que nosotros mismos estamos dejando pasar.