Futuro y desafíos agrarios

La ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) hasta el 2031 es una extraordinaria noticia para los pobres del campo, porque posibilitará que las inversiones maduren en el mediano y largo plazo y se genere empleo formal. En dos décadas de vigencia, la mencionada norma ha permitido incrementar las exportaciones de US$ 800 millones a US$ 7,000 millones, y los envíos de frutas y hortalizas se han multiplicado hasta llegar a 600 variedades. Según el BCR el empleo formal ha aumentado en 160% y, de acuerdo a Apoyo Consultoría, en las regiones agrícolas exportadoras la pobreza se ha reducido de 67% de la población a solo 19%.

Por todas estas consideraciones, Alberto Rodríguez, Director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador Perú y Venezuela, afirmó que “en definitiva el crecimiento del sector agrícola ayuda a diversificar la economía y reducir la dependencia de las industrias extractivas no renovables, y puede ser un gran impulsor de la reducción de la pobreza en el Perú”. Si bien estas declaraciones se formularon en el 2018, durante la presentación del informe del BM “Tomando impulso en la agricultura peruana: oportunidades para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector ”, tienen una enorme importancia para la discusión sobre el futuro del agro en el Perú. ¿Por qué? Porque es evidente que la Ley de Promoción Agraria es una de las principales explicaciones de la evaluación tan positiva del BM.

Vale destacar que la Ley de Promoción Agraria es atacada por los activistas marxistas y las corrientes comunistas que se oponen al régimen tributario especial y al sistema laboral basado en la flexibilidad para contratar y despedir, de acuerdo a la estacionalidad de la producción agraria. El informe del BM y el criterio de los organismos multilaterales nos revela que la defensa de la Ley N° 27360 no es asunto de “empresarios explotadores”, sino parte fundamental de una estrategia para diversificar la economía y reducir pobreza. Sin embargo, en el agro peruano hay demasiado por hacer.

El mencionado informe del BM si bien reconoce que la agricultura de exportación del Perú es una de las más avanzadas en la región, en comparación con el agro de las sociedades industrializadas, también afirma que hay mucho camino por recorrer. Por ejemplo, el informe del organismo multilateral establece que la agricultura nacional creció a un ritmo de 3.3% anual en la última década; sin embargo, hay enormes brechas de productividad en las regiones del país. En la costa la productividad creció en 7.2%, en la sierra apenas 0.2%, pero en la selva retrocedió en 0.2%. 

¿Qué puede significar semejante data? Es evidente que los beneficios de la Ley de Promoción Agraria solo se están concentrando en la costa, en donde existen mejores derechos de propiedad de tierras y las infraestructuras que sustentan las inversiones y transacciones están más desarrolladas. Además, el Estado está más presente, por decir lo menos. En la sierra y la selva se concentran la mayoría de los 2.2 millones de pequeños productores del país –con parcelas menores a cinco hectáreas–, pero que carecen de la infraestructura legal y física que sustenta la agricultura moderna de la costa.

De allí que el mencionado estudio del BM proponga seis ejes para aumentar la productividad y la competitividad de la agricultura: promover la innovación, mejorar la distribución de insumos y los servicios de asesoramiento, brindar capacitación y educación, mejorar el acceso a los mercados incrementando la conectividad, promover mercados de tierras y facilitar gestión de riesgos.

Como se aprecia, hay que llevar todos los beneficios y posibilidades de la agricultura moderna de la costa a los miles de productores de la sierra y la selva. En ese sentido, la Ley de Promoción Agraria debería convertirse en la norma base sobre la cual se desarrolle una legislación a favor de la agricultura. La diversificación de la economía y el proceso de reducción de pobreza así lo exigen.