Flexibilidad laboral para enfrentar megarrecesión

La economía peruana se contraerá en al menos 15% del PBI y se perderán cerca de siete millones de empleos. ¿Cómo quedarán, entonces, los diagnósticos y propuestas sobre la informalidad económica y laboral previos a la pandemia? No se necesita ser un genio para entender que la informalidad se ha incrementado exponencialmente con la megarrecesión en curso. Antes de la crisis sanitaria, se solía señalar que el 60% de la economía y la sociedad navegaba en alguna forma de informalidad, y que el 72% de los trabajadores estaba en situación de extralegalidad; es decir, sin acceso a un seguro de salud ni a un sistema previsional.

Igualmente, entre el 2013 y el 2018 –en medio de una lentificación del crecimiento económico– apenas se logró formalizar el 1.3% de la masa laboral. Se sostenía que los magros crecimientos, que apenas sobrepasaban el 2% del PBI, no eran suficientes para absorber la demanda de empleo de los 250,000 jóvenes que se incorporaban anualmente a la economía. Hoy se han perdido cerca de siete millones de empleos y la economía caerá por lo menos 15%.

En otras palabras, la informalidad y la pobreza se dispararán. De allí la urgencia de desarrollar un plan de emergencia para salvar el empleo. Y lo primero que se debe entender es que el 80% del empleo lo provee el sector privado, 90% del cual recae en la pequeña empresa. En este contexto es inaceptable que el Ministerio de Trabajo –a través de la Sunafil–, que el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud –mediante protocolos– sigan ahogando a las empresas. ¿Qué “derechos” pretende defender la Sunafil si no hay empleo frente a la masiva quiebra de empresas? Locura total.

Muy por el contrario, el Estado debe promover la salvación del tejido empresarial y acelerar la reforma laboral, estableciendo flexibilidad laboral plena. Las empresas necesitan total flexibilidad para contratar y despedir porque es la única manera de generar productividad y competitividad. El ejemplo está en la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, que posibilita contratar y despedir de acuerdo a la estacionalidad de las agroexportaciones: siembra, mantenimiento y cosecha. El resultado: la tasa de formalidad en el campo se elevó de 16% en el 2004 a 25% en el 2017, pero en las zonas agroexportadoras la formalidad se incrementó de 25% a 44%. Y en algunas regiones –como Ica, por ejemplo–, existe pleno empleo por la demanda agroexportadora, y los ingresos de los trabajadores superan largamente el mínimo vital establecido por el Estado.

La ley de Promoción Agraria es una isla en medio de la legislación laboral nacional, considerada entre las diez más rígidas y costosas del planeta. La informalidad galopante, pues, no es un accidente. La estabilidad laboral absoluta –que crea derechos de manera declarativa– también se explica por una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el trabajador tiene derecho a la reposición en el puesto, antes que a una indemnización. Vale destacar que los países de ingreso medio, similares al Perú, suelen tener un 40% de informalidad en la masa laboral. Sin embargo, en nuestro país sobrepasa el 70%. De otro lado, un trabajador peruano produce casi la mitad que un trabajador chileno o colombiano. La única explicación de esta situación: la rigidez laboral y la estabilidad laboral absoluta.

Por todas estas consideraciones, el Perú debe avanzar con urgencia hacia una reforma laboral, y debe abandonar el criterio de declarar derechos solo para generar informalidad. Un sistema de flexibilidad laboral es la única manera de generar empleo de calidad y salvar el tejido empresarial, frente a la feroz megarrecesión que padecemos.