En el Perú, hablar de cobre no es solo hablar de miner&...
El proyecto Tía María, en Arequipa, continúa detenido por la suspensión de una licencia de construcción treinta días después de haber sido otorgada por las mismas autoridades del sector Energía y Minas (Minem). El proyecto Las Bambas, en Apurímac, cerrará operaciones por la falta de insumos, por estar sitiado por un grupo de activistas antimineros que han bloqueado el ingreso a la mina desde el 22 de setiembre.
En la provincia de Islay, grupos de vándalos continúan imponiendo un paro indefinido y forzando a la población a protestar en contra del proyecto de cobre Tía María. En el distrito de Ccapacmarca (provincia de Chumbivilcas, Cusco), zona de influencia de Las Bambas, los nuevos dirigentes desconocen los acuerdos ya suscritos y aprobados por la población. Por ejemplo, el derecho de uso de la carretera (servidumbre de paso), reconocido por la comunidad en 2011.
Peor aún. El Ministerio del Ambiente (Minam) demanda a la minera canadiense Macusani Yellowcake la devolución de 32 concesiones de las 151 otorgadas al proyecto Falchani, en Puno. Un tecnicismo impropio detiene el desarrollo del proyecto de litio y aleja a Perú del boom del “oro blanco” para fabricar baterías de bajo costo y de mayor capacidad y durabilidad. ¿Qué pasa con el Ejecutivo y su responsabilidad de promover la economía del país?
En este escenario de desorden, confusión y leguleyadas, mientras la minería hace todos sus esfuerzos para transformar la zona minera, el sector público retrocede y se estanca. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 57% del presupuesto de las municipalidades de Chumbivilcas provienen del canon minero. Pero hasta octubre pasado, del presupuesto de S/127,000 millones solo se ha gastado el 57.4%. Similar situación se presenta en los distritos de la provincia de Cotabambas (Apurímac): el 58% del presupuesto (S/ 164 millones) es por la minería y las autoridades apenas han invertido el 53.4% de ese presupuesto. En la provincia de Espinar (Cusco) los resultados de la gestión municipal son parecidos. Del aporte minero (54.7% del presupuesto) solo se ha gastado el 56.6%
Hasta octubre pasado, la municipalidad de Cusco solo había gastado el 53% del monto proveniente el canon, una suma de S/ 1,800 millones. Según el MEF, en 2019 el aporte de la minería por concepto de canon representa, en promedio, 45% del presupuesto de los gobiernos locales, sin considerar otros aportes. El Fondo de Compensación Municipal sirve para promover inversiones con criterios redistributivos en favor de las zonas más alejadas y rurales del país. Con esto, los ingresos municipales, provenientes del sector minero, alcanzarían el 60% de los presupuestos municipales. Es decir, la participación de la minería, por intermedio del canon, es vital para los gobiernos locales.
Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía (IPE), ha señalado que el aporte de la minería en los últimos diez años representa el 17.6 de la recaudación fiscal y el 8.7% del Producto Bruto Interno (PBI). Según el MEM, en 2019, el aporte por canon minero y regalías será de S/4,900 millones. Si los 48 proyectos pendientes, que suman US$ 57,000 millones, estuvieran en desarrollo, el Perú estaría reduciendo pobreza a velocidades impensadas.
El canon, por ser un recurso extraordinario, debería también ser utilizado en proyectos extraordinarios. Con ese dinero se debe construir colegios, postas médicas, comisarías y carreteras, y ofrecer servicios de electricidad, agua potable y saneamiento e Internet. Lamentablemente, no hay control del gasto. En las municipalidades y gobierno regionales, el canon es utilizado en gasto corriente y consumo; es decir, en pintura, publicidad, gorros, chalecos, sueldos y teléfonos. La poca capacidad técnica y de gestión, y la escasa creatividad de las autoridades no permite gastos eficaces. Es más, abona al descontento de los pobladores que exigen a las mineras, como si fueran el Estado, soluciones por la falta de servicios públicos y obras que solo son responsabilidad de la autoridades.
Además, el círculo antiminero tiene planes precisos para detener la producción de cobre. El objetivo es “la patria socialista”. Ralentizar la economía y generar zozobra social son los primeros pasos, ante la indiferencia de la administración de facto de Martín Vizcarra.
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