En medio de pandemia, ¿Congreso destruye el sistema previsional?

En medio de la devastadora pandemia del Covid-19, otra amenaza se dibuja en contra de la longevidad en el Perú. Esta semana en el Congreso discutirá el Proyecto de Ley 4937/2000-CR, que establece la posibilidad de disponer el 25% del fondo privado de pensiones, a través de las cuentas individuales de capitalización. Es incuestionable que el proyecto es extremadamente popular y seguramente catapultará las candidaturas de muchos políticos, pero inevitablemente se convertirá en una herida de muerte para todo el sistema previsional.

Los fondos privados de pensiones hoy acumulan más de S/ 189,000 millones; es decir, el 25% del PBI del Perú. Liberar el 25% del sistema privado de pensiones representaría alrededor de S/ 40,000 millones. Es un monto 10 veces mayor al que ha inyectado el Ministerio de Economía y Finanzas en las empresas y los ciudadanos ante la pandemia del Covid-19. ¿Acaso conocen estas cifras los congresistas? 

Ante semejante retiro, los S/ 150,000 millones que permanecen en el sistema se licuarán con extrema rapidez porque las acciones de las AFP se desplomarán con una descapitalización tan gigantesca. Ningún sistema puede aguantar una descapitalización de S/ 40,000 millones. ¿O sí?

¿Qué significa entonces la liquidación del sistema privado de pensiones? Las AFP son los principales inversionistas institucionales del país: invierten S/ 36,000 millones en bonos del Gobierno, S/ 36,000 millones en el mercado de capitales y S/ 22,000 millones en el sistema financiero. En otras palabras, invierten S/ 95,000 millones en la economía peruana. ¿Acaso los congresistas han evaluado qué puede significar descapitalizar un sistema de inversiones por el orden del 25%?

Pero esos montos pueden sonar como cifras frías y distantes. Con la liquidación del sistema privado de pensiones el sistema previsional tendrá que regresar al sistema de reparto estatal que, en América Latina y en el Perú, solo ha servido para que los gobiernos populistas de todos los colores destinen el dinero de los jubilados a campañas clientelistas y a financiar elefantes blancos estatales. Allí están los ejemplos del chavismo, del kirchnerismo y de los gobiernos populistas en el Perú, que acabaron con el dinero de los jubilados en el Perú.

Regresar al sistema de reparto estatal es condenar a los jubilados del futuro y es liquidar el crecimiento de mercado de capitales en el país. En otras palabras, es organizar el regreso del estatismo y del colectivismo.

Es incuestionable que el sistema privado de pensiones requiere de reformas, pero estas deben ser desarrolladas con criterios técnicos que preserven el sistema de cuentas individuales en las que los trabajadores depositan sus aportes y que se capitalizan por las inversiones y movimientos que realizan las empresas que administran estos capitales. Todo eso debe ser contemplado, pero no de la manera apresurada e irresponsable con que se intenta proceder.

Hasta antes de la pandemia del Covid-19, la discusión en el planeta era cómo reformar los sistemas previsionales frente al aumento de la longevidad por el desarrollo de las ciencias médicas, los sistemas de salud y el bienestar en general. En el largo plazo todas las proyecciones señalaban que iban a existir más jubilados que trabajadores activos que aporten a los fondos comunes estatales. Ante esta situación la recomendación de los especialistas siempre fue una: establecer las cuentas individuales de capitalización y fondos solidarios para quienes no pueden acceder una pensión.

Si el Congreso aprueba esta iniciativa, esta se convertirá en otra amenaza para la longevidad de los peruanos. Empujar a todos hacia el sistema estatal de reparto –sin cuentas individuales– condena a la mayoría al sistema estatal de pensiones y multiplicará al infinito las jubilaciones tipo pensión 65. Además, el sistema estatal de jubilaciones es sinónimo de déficit fiscal y endeudamiento público, porque nunca habrá recursos suficientes para financiar las jubilaciones en un sistema con mayoría de jubilados y minoría de aportantes.

Los congresistas, entonces, deben hacer una profunda reflexión. Hoy por cada 10 trabajadores formales uno está en el sistema de cuentas individuales. Si el Congreso aprobará esta barbarie económica el Ejecutivo estaría en la imperiosa obligación de observar este proyecto, a menos que todos los políticos del país hayan empezado una carrera hacia el populismo y la demagogia chavista.