El litio en la encrucijada

El Sexto Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo acaba de darle la razón a Macusani Yellowcake SAC (MY) en la demanda que esta empresa interpuso en contra del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) por haber rescindido 32 concesiones, de un total de 151, destinadas a explotar carbonato de litio en Puno.

El mencionado juzgado aceptó la medida cautelar planteada por Macusani Yellowcake y suspendió temporalmente la resolución de Ingemmet, que declaraba la caducidad de 17 concesiones mineras. De esta manera se restableció el imperio de la Constitución y la ley en las relaciones entre el Estado y las empresas privadas, en los aspectos vinculados al derecho de concesiones.

Como ya hemos informado anteriormente, MY tiene 151 concesiones que abarcan más de 93,000 hectáreas. Sin embargo, la empresa adquirió concesiones con más de 12 años de vigencia, y las penalidades por falta de inversiones en estos derechos fueron asumidas por la compradora. Luego, Macusani solicitó que se excluyeran las penalidades y el Estado aceptó el requerimiento. Por este motivo MY debía pagar una UIT por cada una de las 32 concesiones exoneradas de penalidades. No obstante, por problemas de minutos, burocracia y sobrerregulaciones, Ingemmet solo reconoció el pago de algunas concesiones, no obstante que se habían hecho todos los pagos de acuerdo a los plazos establecidos en ley. El resultado: Macusani Yellowcake perdió los derechos sobre las 32 concesiones.

Alrededor de ese diferendo se pronunció el Sexto Juzgado aceptando la medida cautelar de la empresa. Lo que parece increíble es la manera como se comporta el Estado frente a las inversiones que el Perú necesita con urgencia, ante la evidente lentificación de la economía.

Como ya hemos señalado, Macusani Yellowcake proyecta una inversión de US$ 860 millones para explotar carbonato de litio. Considerando que, en el proceso de la IV Revolución Industrial, las baterías de los teléfonos inteligentes y los motores de los autos eléctricos tienen mucho que ver con este escaso metal, se proyecta que las reservas de litio podrán transformarse en US$ 50,000 millones. El precio de la tonelada de litio está cerca de los US$ 10,000. 

¿Cómo entonces el Estado actúa con tanta ligereza con empresas extranjeras de prestigio mundial que pretenden invertir en el Perú? Vale destacar que la resolución del mencionado Juzgado señala que el artículo 59 de la Ley General de Minería establece que la caducidad de las concesiones se produce cuando no se paga dos años consecutivos el derecho de vigencia. La resolución asevera que se pagó el íntegro de los derechos en el 2017, motivo por el cual cualquier eventualidad en el 2018 no podía producir caducidad.

No se puede entender, entonces, la conducta de los funcionarios del Estado que priorizan la sobrerregulación, el procedimiento, antes que la voluntad de fomentar inversiones. La posibilidad de explotar el litio peruano es enorme. Falta explorar mucho más y es casi seguro que los 4.7 millones de toneladas en reservas se multiplicarán. Además, vale destacar que en el Perú no se explotará el litio en salares que desencadenan problemas ecológicos y solo permiten explotar el 30% de las reservas, tal como sucede en Bolivia, Chile y Argentina. 

La posibilidad de explotar el litio en base a una alianza de comunidades, Estado y empresa puede generar posibilidades impensadas para el desarrollo del país y del sur: desde la explotación de otros metales raros (uranio, por ejemplo) hasta alianzas con empresas de la IV Revolución Industrial para producir baterías y otros instrumentos del futuro. Nos seguimos preguntando, ¿cómo entonces se puede entender la conducta de la burocracia?