El incalculable y devastador daño que causa el relato antiminero

El cierre unilateral de cuatro minas en el sur de Ayacucho –luego del incendio de una empresa minera– promovido por la presidente del Consejo de Ministro (PCM), Mirtha Vásquez, de un solo golpe nos reveló que los sectores antimineros estaban en la conducción del Estado. Al margen de que el Ejecutivo haya retrocedido en el cierre unilateral de minas –que viola la Constitución, las leyes y el respeto a los contratos– es incuestionable que los antimineros han tomado el poder.

El nombramiento de funcionarios del Estado vinculados a la tradición antiminera solo confirma la certeza de que los movimientos anti inversión conducen los resortes del Estado. Sin embargo, un Estado, un gobierno antiminero, se convierte en el peor enemigo de los peruanos, sobre todo del cerca de 30% de la población en pobreza que nos ha dejado la pandemia y el mal manejo de la economía de la pasada administración Vizcarra. 

¿Por qué el relato antiminero es una forma de crimen social contra los pobres? Por un lado, porque es una suma de leyendas y mentiras. Casi no existe un solo argumento antiminero que se conecte con la realidad. De otro lado, promover mitos contra las inversiones mineras en momentos en que el precio del cobre llega a los US$ 4.80 la libra y supera récords históricos es condenar a pobreza perpetua a los pobres actuales.

El Perú tiene una cartera minera que suma más de US$ 62,000 millones. El 80% de ella corresponde a proyectos de cobre. Los economistas y especialistas señalan que si el Perú estuviese ejecutando su cartera de proyectos mineros hoy crecería sobre el 7% del PBI y reduciría la pobreza por debajo del 15% de la población en pocos años. Ese milagro económico y social no es posible por las leyendas y mentiras del relato antiminero.

Por ejemplo, si el llamado cinturón de cobre del norte –es decir, los proyectos de Conga, La Granja, Galeno, Michiquillay, entre otros– estuviesen en producción, el PBI per cápita de Cajamarca sería parecido al de un país desarrollado –hoy es una de las regiones más pobres–; y por otro lado, el país agregaría un millón de toneladas métricas de cobre (TMC) a su producción anual de 2.5 millones de TMC.

¿Cómo se han paralizado las inversiones en el cinturón de cobre del norte? A partir de las mentiras y mitos que se levantaron en contra de Conga. No hay un solo argumento en contra de este proyecto que se sostenga en la realidad. Un verdadero crimen social.

Algo parecido empieza a suceder con el proyecto Tía María en Arequipa. El relato antiminero sigue propagandizando que se afectará el uso del agua para el consumo humano y para la agricultura, pese a que se instalará una planta desalinizadora de agua de mar.

De alguna manera la narrativa antiminera ha paralizado el ciclo de inversiones mineras con el objeto de ralentizar el crecimiento, aumentar la pobreza y legitimar el discurso de la asamblea constituyente. Si la pobreza aumenta por falta de crecimiento, el argumento acerca de que todos los males provienen del modelo económico consagrado en la Constitución puede pasar.

El yerro de la PCM en el sur de Ayacucho ha puesto en evidencia el daño incalculable que puede causar el relato antiminero: desde el empoderamiento de las minorías radicales y violentistas hasta entelequias como las cabeceras de cuenca, que buscan detener el 80% de las minas del país. La mayoría de peruanos debe reaccionar.