El fin del milagro económico peruano

En medio de la guerra política que desembocó en la inconstitucional disolución del Legislativo, poco a poco, los peruanos comenzamos a ignorar el curso de la economía. Quizá baste recordar que sin la expansión económica que triplicó el tamaño del PBI y redujo pobreza —del 60% de la población a 20%— no se podría explicar la estabilidad democrática que el Perú experimentó en las últimas cuatro elecciones nacionales. Paradójicamente, el inconstitucional cierre del Legislativo coincide con una más que peligrosa ralentización del crecimiento económico y del proceso de reducción de pobreza.

En este escenario, el reconocido economista Elmer Cuba ha señalado que el milagro económico está llegando a su fin. Para fundamentar su afirmación recordó que entre el 2002 y el 2013 el Perú crecía 6% en promedio anual, dos puntos más que el promedio de crecimiento mundial. Comparó esos niveles de expansión económica con el promedio anual entre el 2014 y el 2020 —de cumplirse las proyecciones— que se ubica en 3.1% frente al 3.5% de expansión del mundo.

Pero no solo se trata de cifras frías. Los promedios anuales de crecimiento tienen que ver con el ritmo de reducción de pobreza en el país. Por ejemplo, el Instituto de Economía Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha señalado que, entre el 2001 y el 2008 se logró reducir 17 puntos porcentuales de pobreza. Igualmente, entre el 2006 y el 2009 se redujo 11.8 puntos porcentuales de pobreza. Sin embargo, según el mencionado instituto, entre el 2014 y el 2018 solo se logró reducir pobreza en 1.7 puntos porcentuales. 

En otras palabras, en cualquier año de los periodos anteriores mencionados se redujo más pobreza que en los últimos cuatros años registrados. Considerando que existen más de seis millones de pobres, estamos ante un verdadero crimen social relacionado con las bajas tasas de crecimiento.

Es incuestionable que esta situación tiene que ver con la guerra política que ha desembocado en el cierre del Congreso. Pero sus causas estructurales son más profundas y están relacionadas con la renuncia de los últimos cuatro gobiernos a desarrollar una segunda ola de reformas económicas que incremente la productividad, la competitividad y el PBI potencial del país. De una u otra manera, todas las administraciones posfujimorato cayeron en la complacencia de tasas de crecimiento que, en comparación a las de América Latina, seguían siendo destacables. Por ejemplo, si el Perú crece más de 2% en el 2019 tendrá un promedio mayor al Latinoamericano, pero inferior al mundial. Sin embargo, este tipo de explicaciones ya no sirven cuando agregamos el factor reducción de pobreza.

En el Perú se creyó que solo bastaba con las reformas económicas de los noventa: fin del estado empresario, desregulación de mercados y precios, y promoción del comercio internacional. Sin embargo, esas reformas redujeron pobreza considerablemente y nos convirtieron en una sociedad de ingresos medios en donde la ventaja comparativa de los salarios bajos ya no existe.

En ese contexto, siempre vale recordar que los pocos países que han saltado del ingreso medio al desarrollo solo lo han logrado reformando y consolidando instituciones para proveer la infraestructura legal de mercados e inversiones, solucionando los problemas de infraestructuras físicas (puertos, carreteras, energía y conectividad) y elevando la calidad del capital humano mediante las reformas de educación y salud.

Si un país no tiene base institucional, legal, de infraestructuras físicas y capital humano, ¿cómo así podría complejizar, diversificar su economía y competir con los países desarrollados? Imposible. Y es lo que de alguna manera está pasando en el Perú en donde las leyes laborales declaran derechos y beneficios, pero solo crean informalidad y pobreza. Es hora de reaccionar si queremos salvar al otrora milagro económico peruano.