El Estado en alerta en defensa de Tía María

A inicios del nuevo año la estrategia del radicalismo antiminero en contra del Corredor Minero del Sur parece amainar. De alguna manera el Estado ha logrado restablecer el orden en un área que los extremistas han elegido como el campo de batalla principal para detener más del 50% de la producción nacional de cobre. 

En ese sentido, la continuidad y el desarrollo del proyecto Tía María se ha convertido en un caso emblemático para el futuro de las inversiones mineras. Si el radicalismo bloquea la mencionada inversión, avanzará sobre Cerro Verde, Las Bambas, Constancia y Antapaccay, entre otros.

En el caso específico de Tía María, el radicalismo antiminero aparece en retirada. Apenas 200 activistas que se autoproclaman “los convocados” se mantienen agitando en contra del proyecto, no obstante que la provincia de Islay (Arequipa) tiene 53,000 habitantes y el propio valle de Tambo –donde se emplaza Tía María– cuenta con más de 23,000 habitantes.

Luego de que el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ratificara la licencia de construcción de Tía María, los sectores antimineros se quedaron en la orfandad social. La mayoría se alejó de la violencia de los bloqueos de carreteras y agresiones al sector privado. Ante esta situación los activistas antimineros “suspendieron” el paro y comenzaron a priorizar otras estrategias para detener Tía María.

¿Cuál es el nuevo espacio que prioriza el sector antiminero? Encabezados por Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, se han concentrado en las acciones judiciales contra el proyecto. Se han presentado desde acciones de amparo hasta demandas exigiendo que las Lomas de Cachendo (que abarca una pequeña parte del proyecto de cobre) se declare zona de reserva ecológica. 

Es evidente que los extremistas no tienen ninguna posibilidad de detener el proyecto por la vía judicial, habida cuenta de que el proyecto Tía María ha cumplido todos los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes para firmar el respectivo contrato de concesión. De alguna manera, conscientes de esta realidad, ha trascendido que los grupos antimineros estarían planeando reactivar las protestas sociales en marzo, con objeto de jaquear a la provincia en el momento en que se inician las clases escolares. El objetivo es simple: crear desesperación en las familias, ante el bloqueo del año escolar, y conseguir que el Estado retroceda en el proyecto Tía María.

La perversa estrategia del radicalismo ignora que en Tía María se invertirá US$ 2,400 millones para producir 120,000 toneladas de cobre, que agregaran 0.4% al PBI nacional y que podrían representar decenas de colegios y centros de salud para los más pobres.

No nos cansaremos de repetirlo. No solo se trata de sacar adelante Tía María, sino de terminar con los bloqueos de las inversiones mineras que empezaron durante el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, con Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. 

Sacar adelante el mencionado proyecto arequipeño significa empezar a mover la cartera de inversiones mineras del Perú, que suma US$ 62,000 millones –el 80% correspondiente al cobre– y resucitar, por ejemplo, las posibilidades de invertir más de US$ 10,000 millones en el llamado Cinturón de Cobre del Norte, con las minas Conga, La Granja, Galeno y Michiquillay, entre otras.

Si el Perú estuviese ejecutando su cartera de proyectos mineros estaría creciendo por encima del 5% anual –superando el promedio de expansión mundial– y la pobreza habría retrocedido por debajo del 15% de la población. ¿Cómo, entonces, entender el crimen social de los sectores antimineros contra los pobres del país?