¿El Ejecutivo quiere destruir la economía de mercado?

Durante la conferencia de prensa presidencial sobre la pandemia, el jefe de Estado anunció que iba a pedir facultades delegadas al Congreso para legislar en materia tributaria. En la ronda de preguntas que se sortean en Palacio, algún comunista de la prensa extranjera –suelen haber en exceso, por sentimientos de culpa colonial– señaló que en el Perú existían seis familias que controlaban la riqueza y la economía nacional. 

El argumento del periodista luego se transformó en una pregunta a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, acerca de la posibilidad de crear “un impuesto para los ricos” con el objetivo de financiar la cuarentena casi indefinida que se viene, por el fracaso del sistema de salud (la incapacidad de atender las infecciones por el Codiv-19 con suficientes camas hospitalarias y respiradores). El problema es que la ministra no negó esta absurda posibilidad, que agregaría más recesión a la recesión desatada por el fracaso del sistema de salud. Entonces es justo preguntarse, ¿en el Ejecutivo acaso se piensa asumir la propuesta anticapitalista, antiempresarial, que formulan los diversos sectores colectivistas para enfrentar la pandemia?

Si en el Ejecutivo existe la tentación de “crear más tributos para los ricos”, entonces el Gobierno no está haciendo su trabajo para enfrentar la pandemia y la recesión: la reducción y la reorientación de los gastos. Es decir, cerrar gastos en ministerios, planillas y consultorías para destinarlos al sector salud. De otro lado, la ciencia económica nos enseña que cualquier aumento de impuestos a los privados produce el efecto adverso: reduce la recaudación.

Si el país tiene recursos para el Plan Reactiva Perú, para el bono de S/ 380 y se puede plantear distribuir otro bono de S/ 760 para 6.8 millones de hogares en esta cuarentena, que comienza a ser indefinida, solo es por una razón: por haber mantenido un modelo económico basado en la inversión privada y la disciplina macroeconómica. Ese modelo posibilitó que la pobreza se redujera –hasta antes de la pandemia– de 60% de la población a solo 20%, triplicar el PBI y destinar cerca del 30% del PBI (más de US$ 60,000 millones) a gastos del Estado.

Pero, ¿quiénes pararon la olla de este incremento del gasto estatal, que no se expresó en un mejor sistema de salud? La respuesta es categórica: el 40% de la sociedad formal; es decir, empresas, personas jurídicas y naturales, que tributan regularmente, mientras el 60% restante de la sociedad no es formal. Si consideramos impuestos, tasas y contribuciones, la presión tributaria en el país puede representar el 16% del PBI. Pero si tomamos en cuenta que solo el 40% de la economía contribuye al fisco, entonces ese sector está pagando cerca del 40% de sus ingresos al Estado. Es decir, una presión tributaria igual o mayor que la de los países desarrollados.

Es incuestionable entonces que el sector formal para la olla en el Perú. Algo más para ser más precisos. El sector privado empresarial financia el 80% de los ingresos fiscales y ofrece más del 85% del empleo formal e informal. 

En medio de una recesión planetaria que derrumbará el PBI del Perú (entre -3% del PBI y -5% del PBI) y que significará la pérdida de más de cuatro millones de empleos, un periodista colectivista y las diversas corrientes comunistas sugieren que el Perú se encamine por la ruta venezolana para enfrentar la pandemia. Es decir, apretar, ahorcar, al sector privado formal que debe tributar y pagar planillas, hasta que no reste nada de él. Si se acaba con el sector privado podrán existir algunos meses para expropiar “los activos de los ricos”; sin embargo, luego de pasado un tiempo la gente se arranchará el papel higiénico como en Venezuela. Y los muertos no se contarán por centenas –como ahora sucede por el fracaso del sistema de salud– sino por miles, debido al hambre y la inanición.

Desde este portal si bien discrepamos con la orientación general del Ejecutivo frente a la pandemia, de ninguna queremos su fracaso porque significaría un escenario aterrador para nuestros ancianos, los pobres y los desvalidos. Sin embargo, si a alguien en el Ejecutivo se le ha ocurrido escuchar los cantos de sirena de los comunistas, el Congreso tiene el deber de pararse con firmeza y defender la Constitución y los activos institucionales y económicos que ha logrado el país en las últimas tres décadas.