El desperdiciado clúster minero del norte

En Cajamarca existe una cartera de inversiones mineras que suma más de US$ 16,200 millones (seis minas); sin embargo, la mayoría de los proyectos está detenido desde el bloqueo de Conga durante el gobierno nacionalista. El llamado “cinturón de cobre del norte”, pues, está paralizado y el Perú pierde alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre (TMC) en su producción anual. Hoy el país produce alrededor de 2.5 millones de TMC. Considerando lo que se pierde en el norte y el millón de TMC que se agregaría con la ampliación de las minas existentes, nuestro país estaría en condiciones de disputarle la primacía a Chile en la producción mundial de cobre.

Si se lograra movilizar todas estas inversiones, el país estaría creciendo por encima del 5% y la pobreza estaría por debajo del 15% de la población (hoy supera el 20%). Considerando que la mayoría de los proyectos del cinturón de cobre del norte está en Cajamarca y este departamento es uno de los más pobres del Perú, es evidente que bloquear las señaladas inversiones es un verdadero crimen social.

Pero eso no es todo. Explotar las señaladas minas crearía un motor poderoso del crecimiento de todo el norte del Perú. En otras palabras, la revolución capitalista norteña no solo llegaría por la agricultura de exportación sino también por la minería. Si los proyectos mineros norteños se ponen en marcha, en el acto, se crearían las condiciones para organizar un clúster minero; a semejanza de la región de Antofagasta en Chile, en donde una asociación pública privada gerencia el conglomerado minero y ha logrado el mismo PBI per cápita de Australia o de cualquier país desarrollado, más allá de la tragedia que ahora padece el país sureño con el estallido social.

En el 2017, el Centro de Investigación de Minería, Ambiente y Desarrollo (CIMADE) desarrolló una hipótesis sobre un plan conjunto e integral para explotar las minas El Galeno (US$ 3,500 millones), Conga (US$ 4,800 millones), La Granja (US$ 5,000 millones), Michiquillay (US$ 2,000 millones) y Cañariaco norte (US$ 1,500 millones). Las conclusiones de la proyección de CIMADE fueron sorprendentes: se lograría una sola “huella ambiental”(es decir, se mitigarían los posibles impactos) y se organizaría una sola planta de tratamiento de los minerales, un sistema de energía compartido y un solo sistema de tratamiento del agua, además de un sistema conjunto de disposición de desechos y mayores beneficios sociales para las comunidades adyacentes a los proyectos. 

Y quizá uno de los resultados que más debe subrayarse es la posibilidad de establecer un sistema de transporte único para los minerales, que podría incluir un sistema vías férreas (para no repetir los errores del Corredor Minero del Sur) que dinamizaría toda la economía regional del norte del Perú. La proyección de CIMADE establece que el modelo explotación conjunta de estas minas generaría US$ 2,200 millones en utilidades en dos décadas.

Basta recordar que el clúster minero de Antofagasta –impulsado en los años noventa, sobre la base de las minas Chuquicamata, Radomiro Tomic, La Exótica y La Escondida– desarrolló la zona más próspera de Chile, con indicadores sociales de primer mundo, para seguir insistiendo en que el bloqueo y la parálisis de las inversiones mineras en el “cinturón de cobre del norte” del Perú es un verdadero crimen social. ¿Hasta cuándo?