En el Perú, hablar de cobre no es solo hablar de miner&...
En el libro Cobre. El futuro del Perú, editado por el Centro de Investigación, Minería y Desarrollo (CIMADE), se sostiene que si entraran en fase de producción 16 minas, el Perú produciría anualmente como mínimo 4.57 millones de toneladas métricas de cobre. Es decir, el doble de lo producido en el 2017. Las minas consideradas en la proyección realizada por Nathan Dramija (Metis Gaia/ Mangament Consulting) –reseñada en el texto– son Ampliación de Toquepala, Pukaqaqa, Anubia, Mina Justa, Magistral, Quellaveco, Río Blanco, Haquira, Los Chancas, Zafranal, Quechua, Los Calatos, Cañariaco, El Galeno, Cotabambas y La Granja.
Igualmente, en el texto de CIMADE se desarrolla un ejercicio, preguntándose qué sucedería si en vez de trabajar los proyectos del Cinturón de Cobre del Norte de manera separada se desarrollara un plan conjunto para las minas El Galeno (US$ 3,500 millones), Michiquillay (US$ 2,000 millones) Conga (US$ 4,800 millones) Cañariaco Norte (US$ 1,500 millones) y La Granja (US$ 5,000 millones).
La respuesta es sorprendente: se establecería un solo impacto ambiental (una sola huella ambiental), un paquete mayor de beneficios sociales, sistema común para la disposición de desechos, una sola planta de tratamiento de minerales y un sistema de transporte, que podría incluir un tren que dinamizaría la zona norte del Perú. El cálculo de CIMADE es que una operación conjunta de este tipo representaría utilidades por US$ 2,200 millones en 20 años.
Las cifras mencionadas por la interesante investigación de CIMADE, simplemente, dejan boquiabierto a cualquier peruano de buena voluntad. ¿Por qué extraña razón la mayoría de proyectos señalados por la consultora internacional están bloqueados o paralizados? Con semejante proyección, el Perú, tarde o temprano, se convertiría en el primer productor de cobre del mundo; en abierta disputa con Chile, un país que hoy tiene mayores problemas políticos y sociales acumulados que el nuestro.
Pero no solo se trata de los primeros lugares en la producción del metal rojo ni de aderezos de cifras frías. Si el Perú estuviese ejecutando toda su cartera de proyectos mineros –sobre todo los de cobre– el crecimiento del PBI estaría por encima del 5% de promedio anual y la pobreza se habría reducido por debajo de los 15 puntos. Además, el impacto de las inversiones de cobre en el interior nos llevaría a sostener que la prosperidad viene de las provincias a la capital.
Sin embargo, el país ha paralizado y bloqueado las nuevas inversiones en cobre, ya sea por un radicalismo ideológico o porque se pretende favorecer a los grandes especuladores del cobre mundial. El antiminero ideológico, que apuesta por una constituyente y por un modelo económico colectivista, observa en la minería a uno de sus peores enemigos por la sencilla razón de que ella es una de las principales herramientas para erradicar la pobreza en las áreas rurales. Más minería es menos pobreza y expansión de bienestar, y cero en posibilidades políticas para los grupos radicales.
De otro lado están los sectores que buscan favorecer a los grandes especuladores del metal rojo en las bolsas y que ganan centavos en los precios de la libra de cobre –que se convierten en ganancias millonarias– con cada mina que se paraliza en el Perú y en los países competidores.
En cualquier caso, para estos sectores no importan los pobres del Perú.
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