Un asunto central que define el proyecto de cualquier sociedad...
Uno de los peores efectos de la derogatoria de la pasada Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) fue la derogatoria del régimen laboral promocional en el agro que establecía la plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. El régimen laboral agrario fue el mayor creador de empleo formal de la historia reciente. Por ejemplo, en el 2004 existían 460,000 empleos agrarios entre directos e indirectos; sin embargo, dos décadas después el empleo formal agrario se incrementó a más de 1.5 millones entre directos e indirectos.
El régimen agrario posibilitó que algunas empresas llegarán a contratar entre 10,000 y 20,000 trabajadores, de acuerdo con las temporadas de siembra, mantenimiento y cosecha. En algunas regiones el efecto fue sorprendente. Por ejemplo, en Ica se llegó al pleno empleo, y la disputa de los fundos y empresas por trabajadores simplemente disparó los salarios de los trabajadores muy por encima de la remuneración mínima vital establecida por el Estado. En general la pobreza en las regiones agrarias descendió muy por debajo del promedio nacional.
Los resultados del sistema promocional en el agro, tanto en su aspecto tributario y laboral, eran tan sorprendentes para el Perú y el mundo que surgió una corriente importante en el debate nacional que proponía que se extendiera a toda la economía nacional. Si eso hubiese sucedido el Perú habría desarrollado su segunda ola de reformas estructurales y estaría creciendo y reduciendo pobreza a velocidad crucero.
Sin embargo, las izquierdas, en sus versiones progresistas y ortodoxas, apuntaron en contra del régimen promocional con el objeto de evitar la capitalización del agro. La Ley 31110 que aprobó la izquierda crea el bono especial para el trabajador agrario (BETA), que establece que el salario agrario sumará un 30% adicional de la remuneración mínima vital, y además promueve la sindicalización de los trabajadores y las negociaciones por rama. Igualmente fomenta la contratación preferencial de los trabajadores previos.
El sistema laboral derogado era una norma proempleo que alentaba la contratación masiva de trabajadores. De esta manera las empresas consideraban entre 50% y 60% del total de sus costos como partidas para contratar trabajadores. Era evidente que con los cambios intervencionistas de la izquierda esta lógica constructiva iba a detenerse.
Más allá de que el 2025 el empleo formal haya aumentado en alrededor del 5% y que el sector agropecuario contabilice 34,000 nuevos empleos, lo cierto es que desde la aprobación de la ley laboral agraria de las izquierdas se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos mensuales, en tanto que la informalidad laboral se ha disparado en el sector a casi el 90% de los empleos. Por otro lado, decenas de pequeñas empresas dedicadas a la agroexportación comienzan a caer en la informalidad.
Una de las leyendas que desarrollaron las izquierdas para avanzar en su objetivo de descapitalizar el campo es que el régimen promocional era solo para las grandes empresas. Falso de toda falsedad. Nunca fue así. Si el sector moderno del agro no avanzó más es porque la revolución capitalista del sector solo se desarrolló en un espacio muy reducido de todo el sector agrario: apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura. Mirando las cosas a la distancia, la revolución capitalista en el agro recién empieza. Por otro lado, el Estado nunca cumplió con sus responsabilidades con los más de dos millones de minifundistas, que conducen el 95% de las tierras del agro.
Como se ve, el milagro agroexportador apenas comenzaba y las izquierdas derribaron el régimen promocional. Felizmente el Congreso acaba de aprobar un nuevo régimen tributario promocional, pero queda pendiente el crucial tema laboral.
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