Ejecutivo recula otra vez en Tía María

No se puede comprender las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien ha señalado que el proyecto Tía María en Arequipa “no se llevará a cabo durante su gobierno”. La frase del mandatario acerca de que en “este gobierno no, no hay forma, no están dadas las condiciones”, cayó como un baldazo de agua fría en los sectores que, en el valle del Tambo –donde se emplaza el emprendimiento minero– han logrado avances y consensos para sacar adelante la inversión de cobre. 

Hoy, por ejemplo, el radicalismo antiminero se bate en retirada y solo se ha restringido a la estrategia judicial para intentar bloquear Tía María. ¿Por qué entonces el Ejecutivo vuelve a aparecer reculando ante el radicalismo? La única explicación posible tiene que ver con los resultados electorales que han encumbrado a la UPP de Antauro Humala como la primera fuerza política del sur del Perú y la continuidad del Frente Amplio como opción antiminera. Quizá hubo la evaluación de que una declaración de este tipo iba calmar las aguas frente a la posibilidad del recrudecimiento de la estrategia radical en contra de la minería. No hay otra explicación posible.

El pronunciamiento del Ejecutivo representa una devastadora señal para la inversión minera en el Perú, sobre todo considerando que los radicalismos buscan bloquear la producción de las minas ubicadas en el Corredor Minero del Sur, que producen más del 50% del cobre peruano y le agregan cerca de 1% al PBI. 

Si el proyecto Tía María ha cumplido todos los requisitos, procedimientos y plazos establecidos en la Constitución, la ley y los reglamentos respectivos, ¿qué sentido tiene hacer una declaración que solo termina empoderando a los nuevos representantes de la UPP? El deber del Estado y, principalmente, del Ejecutivo es hacer respetar la Constitución y la ley. Si como lo señalamos líneas arriba se buscó aquietar las impaciencias frente a la estrategia antiminera, lo único que se conseguirá es alentar a los extremismos que suelen alimentarse de la debilidad del Estado y de las instituciones llamadas a aplicar las leyes y la Carta Política.

Sacar adelante Tía María no solo significaría concretar un proyecto de cobre que suma una inversión de US$ 2,400 millones para producir 120,000 toneladas de cobre, que agregarán un 0.4% al PBI, sino que también daría una clara imagen de que el Estado peruano se rige por la Constitución y la ley, y no por las presiones de minorías radicalizadas y violentistas. 

De alguna manera impulsar el mencionado proyecto en el valle de Tambo revelaría la voluntad estatal de acabar con la parálisis de nuevas inversiones en cobre. Vale recordar que en el llamado Cinturón de Cobre del Norte se han congelado más de US$ 10,000 millones en inversiones en las minas Conga, Galeno, La Granja y Michiquillay, que podrían agregar 1.5 millones de toneladas de cobre a nuestra producción actual (de 2.5 millones de toneladas anuales).

En este portal lo hemos afirmado más de una vez: si el Perú estuviese ejecutando todos los proyectos mineros pendientes, sin lugar a dudas estaría creciendo por encima del 5% anual y habría reducido la pobreza por debajo del 15% de la población. De allí la enorme desazón que causa el innecesario retroceso del Ejecutivo con respecto al proyecto Tía María, luego de las elecciones al Congreso del domingo pasado.

Vamos a repetirlo infinidad de veces. Sin la minería el Perú estaría cerca del abismo de la recesión. De alguna forma los extremismos buscan paralizar la minería porque pretenden ralentizar el crecimiento para convertir las elecciones del 2021 en un juicio nacional en contra de la economía de mercado consagrada en la Constitución. Hasta hoy lo vienen consiguiendo.