Ejecutivo no piensa en agua para pobres

Entre los decretos de urgencia del Ejecutivo no hay ni una sola ley que avance en el cierre de las brechas existentes en la provisión del agua potable a través de la participación privada integral. Si bien Decreto Supremo Nº 214-2019-EF del 2019, que permite la participación del sector privado hasta un 30% de las actividades de Sedapal (con el objeto de optimizar los servicios), es un avance importante, se hace necesario avanzar hacia una reforma integral. 

El acceso a este servicio sigue siendo un drama nacional. Hoy alrededor de 10 millones de peruanos no tiene acceso al agua potable. Por ejemplo, si bien el 90.1% de los capitalinos se abastece de agua de la red pública de Sedapal, el resto lo hace con agua de pozo, mediante camiones cisterna, pilones públicos y red pública fuera de la vivienda. El problema es grave, pese a que no lo parece. Por ejemplo, en Carabayllo el 77.3% de la población tiene agua potable en sus casas, pero no está disponible las 24 horas del día. La situación es peor en ciudades como Huancavelica o Puno, donde menos del 70% dispone de conexiones de agua potable. Como decíamos, es un drama nacional.

La privatización de Sedapal y la promoción de la inversión privada en todas las actividades que conciernen a la dotación de agua potable parece que será imposible durante la administración Vizcarra. ¿Por qué? Porque con un Congreso altamente fragmentado y con bancadas influenciadas por el estatismo y en competencia populista, será casi imposible promover la inversión privada en las empresas prestadoras de servicios de agua, hoy en manos de las municipalidades. Pensar en la privatización de Sedapal incluso aparece más lejano.

Lo volvemos a repetir: si bien el Decreto Supremo Nº 214-2019-EF posibilita que el sector privado participe en un 30% de las actividades de Sedapal, no es suficiente. ¿Por qué? Porque solo podrá participar de las actividades de administración, operaciones de producción de agua y mantenimiento preventivo y correctivo de la distribución de agua potable y el alcantarillado. De lo que se trata es de que el sector privado participe en la construcción, instalación, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de agua y saneamiento. Es decir, en toda la línea de producción y distribución del agua potable, y no solo por partes. Hoy, en propias palabras del presidente del Directorio de Sedapal, Francisco Dumler, ejecutar un proyecto se demora más de diez años. Sin duda un dato que demuestra la ineficiencia de todo el aparato estatal. 

En ese sentido, el 2020 parece que será irrelevante para una reforma en la dotación del agua potable, sobre todo para los más pobres. En el Congreso igualmente será imposible encontrar una salida. El pesimismo aumenta si recordamos que durante la campaña electoral pasada varios candidatos y hoy congresistas de diversas bancadas firmaron un pacto por el agua para impedir cualquier participación del sector privado. En otras palabras ni siquiera aceptaron el aporte privado en algunas etapas, tal como lo establece el Decreto Supremo Nº 214-2019-EF. Dicho pacto fue alentado y organizado por el sindicato de trabajadores de Sedapal, el gremio mercantilista que más se opone a una reforma integral.

En el 2018, desde Sedapal se dijo que para el Bicentenario de la República, el 100% de los limeños tendrían acceso al agua potable, pero todo indica que eso no será posible. Según el Plan Nacional de Infraestructura de AFIN, la brecha de infraestructura del sector saneamiento para el período 2016-2025 ascendía a US$ 12,000 millones, de los cuales el 79% corresponden al acceso a alcantarillado. Esa es la triste realidad.