Ejecutivo debe relanzar la economía

La lucha para recuperar a las instituciones republicanas y el equilibro de poderes no debe llevarnos a ignorar la importancia del crecimiento como antídoto contra las propuestas colectivistas y comunistas. En este contexto, cabe señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado un reporte ante el Consejo de Ministros de lo que sería el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), “para dinamizar la economía en el corto y mediano plazo”. 

El mencionado informe se transformaría en decretos de urgencia (DU) que establecerán medidas para resolver las interferencias en la ejecución de las obras. A través de un DU se activarán 52 proyectos paralizados, por S/ 99 000 millones; de ellos, 29 han sido financiados mediante asociaciones público privadas, 18 son autofinanciados, 11 son cofinanciados, 17 se financian mediante obra pública y 6 por la vía de activos. La medida, saludada por los gremios empresariales, permitirá enfrentar la lentificación del crecimiento. César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ha señalado que con estas medidas se movilizará la inversión pública y privada. 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), entre enero y setiembre del presente año el sector tan solo creció 1.9% respecto a 2018. Reportes del MEF han señalado que el Estado –en sus tres niveles de gobierno (Ejecutivo, gobiernos regionales y locales)– solo ha ejecutado, en promedio, menos del 50% de los presupuestos transferidos. Con este escenario, queda en evidencia la falta de capacidad técnica y de gestión, sumada al fantasma de la corrupción que rodea a todos los proyectos detenidos. Los expedientes de los obras se retrasan por el exceso de trámites que todavía subsiste y por el celo de los funcionarios de no cometer alguna infracción a las normas que las regulan. En este contexto, la caída de la producción y el tímido crecimiento de algunos sectores productivos respecto a años anteriores afectan a la oferta de trabajo, indispensable para la reducción de la pobreza.

Por DU también se podría aprobar la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360), ley que en la práctica está en vigencia porque las empresas, por iniciativa propia, han comenzado a aplicarla. Asimismo, por DU el Ejecutivo de Martín Vizcarra podría aprobar la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) – proyecto de ley consensuado en el Congreso de la República– o emitir una nueva, con el fin de promocionar las exploraciones de gas y petróleo. Teniendo los recursos disponibles, el país no puede darse el lujo de importar US$ 5,000 millones para abastecer el consumo nacional de crudo, ni tampoco importar gas de Bolivia, por un convenio promovido por los gobernadores del sur con el ex presidente boliviano Evo Morales. 

Además, las inversiones de petróleo de talla mundial son espantadas por los constantes sabotajes (60% de los derrames de crudo son provocados) contra el Oleoducto Norperuano (ONP). Las autodenominadas dirigencias de las federaciones de indígenas organizan la ocupación de las instalaciones del ONP, provocando la paralización de la producción de petróleo e incluso cometiendo diversos delitos, entre ellos de extorsión y secuestro de personas, que permanecen impunes por la falta de Estado en la zona. 

Por otro lado, la caída de la producción nacional también está relacionada con los conflictos inventados por el círculo antiminero, con el cuento de la contaminación ambiental y los desentendimientos entre las comunidades y las empresas mineras. A esta situación se suma la incertidumbre promovida por el mismo Gobierno respecto a la validez, sin restricciones, de la licencia de construcción de la mina del proyecto Tía María. Y también por la ola de protestas infundadas, organizada por sectores marxistas contra los proyectos Quellaveco (Moquegua) y Zafranal (Arequipa). 

En este contexto económico, al Ejecutivo de Vizcarra no le queda otra cosa que gobernar y dedicarse a la tarea de promover el incremento de la economía nacional. Si Vizcarra pretende aumentar su popularidad entonces, mediante DU, debería resolver los entrampamientos que detienen la producción. Solo así disminuirán el desempleo y la informalidad.