Delincuencia impera en los bosques

Según un estudio del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), desde 2001 hasta el 2017 las pérdidas en los bosques amazónicos representan 2.28 millones de hectáreas deforestadas. En el 2018, el talado de árboles se redujo a tan solo 0.73% respecto al año anterior, de 154,766 hectáreas (ha) a 155,914 ha deforestadas. 

Según el mencionado estudio, las mayores deforestaciones se presentan en Loreto (26,203 ha), Ucayali (25,991 ha), Madre de Dios (23,492 ha) y San Martín (21,376 ha). Debido a eso, las autoridades del sector Agricultura y Riego (Minagri) y de Ambiente (Minam) han creado un programa de monitoreo satelital para detectar eventos que afecten a los bosques, como la tala no autorizada, incendios, cambios de uso de las concesiones forestales y otras acciones que contribuyan a la deforestación de la selva peruana. 

No obstante, por la falta de políticas concretas en los bosques por parte del Estado, la selva se ha convertido en una tierra de nadie, donde grupos delictivos actúan al margen de las normas y Constitución. El saqueo de los bosques es evidente. Lo poco que queda de los árboles de madera fina es talado y llevado de contrabando fuera del país, incluso con la complicidad de las autoridades encargadas de evitar la depredación de los bosques amazónicos. Asimismo, los sembríos de coca se han impuesto en las áreas deforestadas sin que la autoridad pueda detenerlos. 

Un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) señala un incremento de 14% de las áreas netas de cultivo de hoja de coca, de 43,900 ha en 2016 a 49,900 ha en 2017. En la zona del Vraem se concentra el 43% del incremento de los sembríos ilegales. En noviembre pasado la Fiscalía Ambiental de la provincia de Leoncio Prado (en Huánuco) ha detectado cultivos de hoja de coca ilegal en concesiones forestales. Es evidente, entonces, que ciertos concesionarios han dejado o nunca han realizados actividades forestales en los territorios otorgados por el Estado. Vale señalar que Perú es el principal productor de hoja de coca y el segundo productor de cocaína en el mundo. 

Según Carlos Cabrejos, experto en temas forestales, por un lado, el Gobierno establece pautas para promover la expansión de la actividad agrícola; y por otro, solo aprueba normas sancionadoras para las actividades forestales. En efecto, el 29 de diciembre del año pasado, el Decreto de Urgencia (DU) Nº 043-2019, modificó la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360) con el fin de extender la frontera agrícola y declarar de interés nacional las actividades agrarias. Un mes después, el 28 de enero pasado, Serfor publicó la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 008-2020-MINAGRI-SERFOR y establece “la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador” para las actividades forestales. Cabrejos ha señalado que el Gobierno hace muy bien promoviendo la expansión de la actividad agraria. No obstante, agrega, el sector forestal continúa inmerso “en la cultura del papel, las regulaciones excesivas, la burocracia y la sanción, antes que en la promoción de los bosques”. 

En 2018 Perú, con su vasta Amazonía, ha logrado apenas US$ 120 millones por exportaciones de madera. Por el contrario, Chile ha exportado en el mismo año US$ 6,836 millones, un incremento de 28% respecto al año anterior. Como se ha señalado en reiteradas oportunidades, las inversiones privadas deben estar respaldadas por la defensa de la Constitución y la ley de parte del Estado, la construcción de carreteras y puertos pluviales, la instalación de electricidad, conectividad electrónica y agua potable, así como servicios de salud, educación, salud, seguridad y justicia. Las autoridades del Estado no pueden esconder la cara y permitir que impere la delincuencia, que espanta a los peruanos de buena voluntad de la extensa Amazonía.