Déficit: ¿reducir gastos o endeudarse?

El presidente Francisco Sagasti, antes de asumir el cargo, describió la tragedia institucional, política, económica y social, que deja la administración Vizcarra. Con gran diplomacia señaló que el déficit fiscal para el 2021 sumaba la enormidad de S/ 30,000 millones. Y luego agregó que, considerando la caída de la recaudación tributaria, solo restaba el endeudamiento público.

Sin embargo, al jefe de Estado le faltó agregar que este año se cerrará con un déficit cercano al 10% del PBI y que el endeudamiento público se acerca peligrosamente al 40% del PBI. Cualquier administración responsable, que no juegue al efectismo y a la popularidad semanal, está en la obligación de informar a la ciudadanía que el nivel de déficit y endeudamiento obliga a ciertos niveles de ajustes fiscales. Considerando la trayectoria personal y académica –seria e impecable– del jefe de Estado, se puede entender que olvidara ese mensaje fundamental por las premuras del nombramiento del nuevo Gabinete y la instalación en el poder.

¿Qué pretendió señalar el jefe de Estado cuando mencionó la posibilidad de seguir endeudando al Perú? La tragedia económica que nos deja la administración Vizcarra acaso nos ha hecho olvidar que, antes de la pandemia, todos los criterios macroeconómicos y de las calificadoras de riesgo indicaban que sobrepasar el 30% de endeudamiento público ponía las cifras en rojo. Hoy que estamos cerca del 40% del PBI, ¿se puede seguir pensando en aumentar la deuda pública? ¿Podemos acaso sacrificar el futuro de la llamada generación del Bicentenario?

Pero hay otro problema más grave. Por las condiciones de la economía y el entorno internacional, las posibilidades de endeudamiento externo barato son casi nulas. Si hay endeudamiento viable, entonces los recursos tienen que venir del sector privado nacional. ¿De dónde, Dios mío, cuando la mayoría de empresas enfrenta problemas de liquidez para pagar tributos y mantener empleos? Todo indica, pues, que la posibilidad levantar recursos provendría del sistema privado de pensiones que, no obstante la guerra sin cuartel entre el Ejecutivo pasado y el actual Congreso (para determinar qué entidad descuartiza más rápido el sistema y gana más aplausos), maneja recursos de los aportantes (de los dueños de las cuentas individuales) por más de US$ 40,000 millones.

¿Cómo entonces el Ejecutivo podría conseguir recursos de este sector? A través de la famosa “reforma previsional” que se viene impulsando en el Congreso para conseguir el aplauso semanal. A través de una expropiación encubierta de los ahorros de las cuentas individuales, el Estado podría disponer de un porcentaje del mayor ahorro nacional, emitir bonos y asunto cerrado. El déficit cubierto y el gasto público podría seguir creciendo para gusto de la izquierda estatalista.

Sin embargo, existe el camino responsable, que suelen asumir los estadistas que dejan huella en una sociedad: reducir gastos innecesarios. No estamos hablando de despedir personal en momentos de una devastadora megarrecesión. Hablamos de racionalizar y reestructurar los gastos. El Estado antes de la pandemia solía gastar alrededor de un tercio del PBI; es decir, una suma cercana a los US$ 65,000 millones, cantidad exorbitante para una economía de ingreso medio como la nuestra. Casi un estado de bienestar en desarrollo.

Si el Estado reestructura el gasto innecesario de algunos sectores y los destina a otros de urgencia social y económica, se podría producir una reingeniería presupuestal que posibilitaría enfrentar el hueco fiscal. Igualmente, es más que urgente que proyectos estatales sin utilidad, como el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara –que demanda US$ 5,000 millones–, sean detenidos en seco. 

Cuando hay crisis, las amas de casa suelen reorientar los recursos para salvar a la familia. ¿Por qué el Gobierno de transición no nos puede salvar de la tragedia económica que nos deja la administración Vizcarra?