¡Defensa total de la Ley de Promoción Agraria!

En medio de la megarrecesión, el aumento del déficit fiscal y la deuda pública, emerge con fuerza una pregunta: ¿cuál será la evolución de la informalidad en el país? No se necesita ser un genio para entender que el 60% de la informalidad en la economía y el 72% de extralegalidad en las relaciones laborales, que existían antes de la pandemia, crecerán considerablemente. Los especialistas hablan de varias fórmulas para enfrentar este flagelo: desde el aumento de la productividad de la economía hasta las reformas tributaria y laboral.

Es incuestionable que una de las razones de la creciente informalidad laboral ha sido la rígida y costosa legislación laboral, considerada entre las diez más sobrerreguladas del planeta, y a la que solo pueden acceder las grandes empresas. Considerando que el 85% del empleo en el país lo proveen las pymes, pretender formalizar en medio de esta megarrecesión y con esta legislación es un verdadero delirio.

De allí la enorme importancia que adquiere el sistema de flexibilidad laboral que establece la Ley N° 27360, la llamada Ley de Promoción Agraria. Esta norma establece flexibilidad en los contratos y los ceses laborales de acuerdo a la estacionalidad y la productividad del campo: siembra, mantenimiento y cosecha. Los resultados son impresionantes: un verdadero boom agroexportador que, durante dos décadas, ha disparado nuestras exportaciones de US$ 643 millones a US$ 7,000 millones, convirtiendo al sector agroexportador en una fuerza de diversificación productiva y formalización. Este boom está basado en un ejército de pequeñas empresas. De un total de 8,000 empresas vinculadas a la agroexportación, el 80% son pymes.

Pero eso no es todo. En diversos estudios se establece que, entre el 2004 y el 2017, los empleos formales en las zonas agroexportadoras aumentaron de 130,000 a 250,000; y la formalidad se incrementó de 25% a 44%. Aquí no hay ninguna novedad. En todos los países con flexibilidad laboral –por ejemplo, en algunos países asiáticos y Estados Unidos– el nivel desempleo (antes de la pandemia) solía llegar al 5% de la población económica. No es extraño entonces que en Ica exista pleno empleo, ni que en las zonas agroexportadoras los trabajadores decidan en qué empresa trabajar, con ingresos que superan largamente el mínimo vital establecido por el Estado.

Hay más de una razón entonces para convertir a la Ley de Promoción Agraria en la base de la reforma de la legislación laboral. Sin embargo, la Ley N° 27360 tiene otros aspectos que también se han transformado en los blancos preferidos de los populistas: se cuestiona que se cobre 15% por renta en vez del 30% del sistema general. Los colectivistas, ¿saben acaso que una inversión en agroexportación demanda entre 20 y 30 años para producir renta? 

Igualmente se cuestiona la devolución en IGV y el 20% de depreciación en inversiones hidráulicas. ¿Cómo se puede pagar IGV con inversiones que demandan una década para producir renta? ¿Cómo se puede seguir invirtiendo en sistemas de riego moderno que convierten desiertos en oasis si no se reconoce la depreciación? Es una locura, a menos que se plantee estatizar la inversión privada.

Los populistas y los comunistas señalan que el Estado deja de recaudar por la Ley de Promoción Agraria. Si antes de esta norma se exportaban menos de US$ 7OO millones y ahora se sobrepasa los US$ 7,000 millones, ¿cómo se entiende esta afirmación? ¿No es evidente, acaso, que el Estado ha aumentado sus ingresos fiscales en este sector hasta por cinco veces? 

Una de las claves para que el sector siga creciendo son los incentivos en reinversión que establece la Ley N° 27360. Estos incentivos explican que, no obstante que el 2019 (debido a la inestabilidad política) en las empresas hubo reparto de utilidades en alrededor de US$ 22,000 millones en las empresas agroexprotadoras, simplemente, se siguió invirtiendo a todo trapo. De allí que el sector haya continuado creciendo en medio de la megarrecesión.

La defensa de la Ley de Promoción Agraria, ante los ataques de las corrientes populistas y colectivistas, entonces, es un acto patriótico. Es una postura a favor de las inversiones que generan crecimiento y reducen pobreza.