Congresistas colectivistas pretenden derogar Ley de Promoción Agraria

Un grupo de congresistas de Acción Popular (AP) también se suma al proceso de destrucción nacional que desarrollan –ya sin reparo alguno– diversas bancadas del Congreso en contra del modelo económico y social que le permitió al Perú triplicar el PBI y reducir la pobreza, del 60% de la población a solo 20%, antes de la pandemia. 

El congresista Rolando Campos Villalobos y otros integrantes de AP acaban de presentar un proyecto que pretende derogar la Ley N° 27360, Ley de Promoción Agraria, que ha posibilitado el boom agroexportador del Perú, la formalización del empleo y la reducción de pobreza en las áreas exportadoras rurales. Si bien el proyecto está mal redactado, porque plantea eliminar un artículo del Decreto de Urgencia 043, la intención es eliminar los beneficios tributarios y el sistema laboral de las inversiones agroexportadoras.

Según la cuestionable y débil exposición de motivos del mencionado proyecto, el Perú habría dejado de recaudar impuestos, porque en la mencionada ley se establece 15% de impuesto a la renta, devolución del Impuesto General a las Ventas y la depreciación de 20% en cuanto a inversiones hidráulicas. 

¿Cómo que se dejó de recaudar? ¿Acaso antes de la Ley N° 27360 –promulgada tres décadas atrás– existían más de US$ 7,000 millones de exportaciones agroindustriales anuales? ¿No se acuerdan de que las ex cooperativas velasquistas y las mejores tierras de Sudamérica eran páramos de pobreza, donde los peruanos no tenían derechos y los niños padecían anemia y destrucción crónica? ¿Qué le sucede a este sector de congresistas de Acción Popular? ¿Pretenden reivindicar al militarote que expropió las tierras durante el primer Gobierno del arquitecto Fernando Belaunde?

Si la Ley de Promoción Agraria plantea un sistema tributario promocional –es decir, 15% en vez de 30% en cuanto a renta– es porque las inversiones agrarias requieren de 30 a 40 años para madurar, e incluso son de por vida. Y si hay devolución de IGV y depreciación del 20% en inversiones hidráulicas es porque al demandar tantos años la maduración de proyectos, los inversionistas no pueden estar pagando impuestos sin ganar nada, a menos que el proyecto fracase.

Saben los congresistas colectivistas ¿qué significa invertir en desiertos de la costa y convertirlos en tierras cultivables para la agroexportación? No tienen la menor idea, porque así son los fabricantes de pobreza. Hoy el Perú exporta más de 600 frutas y hortalizas a los mercados mundiales más exigentes y se ha convertido en competidor mundial. De otro lado, en el año 2019, debido a la inestabilidad política y económica, hubo US$ 22,000 millones en repartos de utilidades en las empresas. Sin embargo, gracias a la Ley de Promoción Agraria en el sector agroexportador se siguió reinvirtiendo casi todas las utilidades.

Otra de los despropósitos de los congresistas colectivistas es considerar que la flexibilidad laboral que establece la Ley N° 27360 para contratar y despedir trabajadores, de acuerdo a la estacionalidad de las siembras y el mantenimiento y la cosecha en los campos, atenta contra los derechos de los contratados. ¿Acaso saben los congresistas colectivistas que en Ica existe pleno empleo –al igual que algunas zonas de Estados Unidos y Europa antes de la pandemia– debido a esa flexibilidad laboral? En las zonas agroexportadoras de Ica, Trujillo, Piura y Lambayeque los trabajadores ganan largamente más que el sueldo mínimo vital. Y en algunas áreas las empresas se disputan a determinados trabajadores por sus altas calificaciones. En Ica, por ejemplo, un trabajador puede trabajar en unos meses en espárragos, en otros en uvas, y así sucesivamente.

Otra de las consecuencias graves será eliminar a miles de medianas y pequeñas empresas que forman parte de la cadena agroexportadora en el Perú. La mayoría de estas pequeñas unidades son impulsadas por mujeres emprendedoras. En el Perú, en total existen 2,372 empresas agrícolas y pecuarias que se dedican a la exportación bajo de la Ley de Promoción Agraria. ¿Saben cuántas son pymes? Un total de 1,989. Barbarie, pues, contra los emprendedores.

Como se aprecia con absoluta claridad, el proyecto que busca derogar la Ley N° 27360, también llamada Ley de Promoción Agraria, representa un crimen económico y social sin nombre.