¡Comunistas embisten contra Ley de Promoción Agraria!

Los sectores comunistas, los fabricantes de pobreza y los enemigos del Perú, así como han puesto en la mira a la minería moderna, igualmente pretenden derogar la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), que explica el milagro exportador del Perú y el proceso de reducción de pobreza en las regiones y bolsones agroexportadores. El congresista Lenin Bazán y el Frente Amplio acaban de presentar una iniciativa en ese sentido.

Para los enemigos del Perú y de los pobres no interesa que durante las dos décadas de vigencia de la Ley N° 27360, las agroexportaciones anuales del Perú se hayan incrementado de US$ 800 millones a US$, 7,500 millones (el año pasado). Tampoco interesa que, en medio de la pandemia y la recesión mundial, los envíos del campo al mundo sigan creciendo (se calcula que sobrepasarán los US$ 8,000 millones en el 2020). Menos todavía interesa que, según el Banco Mundial, la pobreza se haya reducido de 67% a 19% en las zonas agroexportadoras; ni  que, según el BCR, la formalidad laboral se haya incrementado en 160% hasta antes de la pandemia.

¿Por qué los comunistas, los enemigos de los pobres, le tienen tanto terror a la Ley N° 27360? La respuesta es simple: la Ley de Promoción Agraria es el instrumento que convoca capitales de alta intensidad, genera empleo y reduce pobreza. Por lo tanto, es enemigo frontal de la fábrica de pobreza que representan las propuestas comunistas, chavistas y estatistas.

El argumento comunista para proponer derogar la Ley N° 27360 es más o menos el siguiente: las inversiones en agroexportaciones pagan 15% del impuesto a la renta, tienen derecho a la devolución del IGV y se reconoce la depreciación de 20% en inversiones hidráulicas. Por este motivo está norma sería “una proempresarial, chupasangre y en contra de los intereses del país”. 

La Ley N° 27360 tiene un régimen tributario especial porque las inversiones en agroexportaciones son de largo plazo, de más de 30 ó 40 años, o de toda la vida. Las más de 600 frutas y hortalizas que exportamos tienen esas características. De otro lado, una inversión en agroexportación está sometida a todos los riegos habidos y por haber: variaciones del mercado mundial, efectos climáticos y hasta plagas. ¿Por qué se reconoce la depreciación de obras hidráulicas y la devolución de IGV hasta la etapa previa a la producción y reparto de utilidades? Por la sencilla razón de que una inversión demora entre uno y tres años para producir y, por lo tanto, la empresa no puede pagar un IGV cuando aún está invirtiendo.

El año pasado, como expresión de la inestabilidad política, hubo US$ 22,000 millones de distribución de utilidades entre las empresas. Sin embargo, en el sector agroexportador se siguió reinvirtiendo y generando empleo. Es la única explicación de que el sector siga creciendo en medio de la pandemia. En el preciso momento en que el Perú se posiciona como una potencia agroexportadora en el planeta, los enemigos de la patria pretenden derogar la norma que explica el milagro agroexportador, en vez de plantear que se convierta en permanente. Y justo cuando Colombia copia toda nuestra legislación agraria para atraer capitales, los comunistas pretenden eliminar uno de los motores del crecimiento y el empleo.

Otro aspecto que pretenden eliminar las corrientes colectivistas es el régimen laboral que permite establecer contratos flexibles, de acuerdo a la estacionalidad de los ciclos agrícolas: siembra, mantenimiento y cosecha, entre otros. El mencionado sistema ha posibilitado formalizar el empleo –tal como lo reconocen el BCR y los organismos multilaterales– como nunca antes, pero también generar pleno empleo en zonas agroexportadoras como Ica. En esos lugares hay tanto empleo que los trabajadores eligen dónde trabajar, de acuerdo al incremento de salarios.

En el campo se demuestra que la flexibilidad laboral –que permite tasas mínimas de desempleo en Hong Kong, Singapur, Noruega, Estados Unidos y otros países– es una herramienta para fomentar inversiones, formalizar el trabajo y reducir pobreza significativamente. Sin embargo, las corrientes comunistas –que suelen embestir contra las inversiones nacionales para favorecer a otras de países extranjeros–, sin rubor ni vergüenza pretenden acabar con una herramienta que ha posibilitado la reducción de la pobreza y la diversificación del aparato productivo.