Canon minero se despilfarra

Según el estudio "El canon, sobrecanon y regalías 2009-2018" –realizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)–, durante el periodo 2009-2018 los gobiernos locales y regionales recibieron S/ 64,600 millones por conceptos de canon. De ese monto, S/ 16,796 millones (26% del total) fueron destinados a gasto corriente. En Cusco este gasto fue 53%, en Tacna 50%, en Moquegua 49% y en Áncash 45%. 

Es decir, el canon –el recurso extraordinario destinado exclusivamente a inversiones, según la Ley Nº 27505, del 9 de julio de 2001– no es utilizado en obras extraordinarias relacionadas con la infraestructura productiva. Asimismo, la ejecución del gasto no está de acuerdo con las exigencias de la población, pues hasta setiembre pasado solo se había invertido el 50% de las transferencias del Gobierno central.  

Habiendo dinero disponible, no es utilizado correctamente. Según Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), la inversión en infraestructura peruana está por debajo deas de Colombia, Chile y México. Por ejemplo, de los nueve millones de hogares a nivel nacional, 2.7 millones (30% del total nacional) no tiene acceso a los servicios fundamentales, como son agua, saneamientos y electricidad. Según Macera, la cobertura de los servicio es mayor en Lima, y la menor es en el departamento de Loreto. 

De acuerdo a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, el canon debe servir para cerrar las brechas sociales. Pero no es así: el dinero proveniente del canon es utilizado por las municipalidades y los gobiernos regionales en gasto corriente y consumo. En lugar de ejecutar proyectos de agua potable y alcantarillado, redes eléctricas e Internet para los colegios, el canon es utilizado en las actividades municipales. Según el estudio de la SNMPE, en promedio solo un 4% es destinado al sector salud, 9% al sector agropecuario, 12% al sector educación y 11% en saneamiento. 

Según el informe de la SNMPE, el 18% del canon fue utilizado para estudios de proyectos contratados en las mismas localidades. Contratos que son suscritos para favorecer a las personas, empresas y asociaciones vinculadas a las autoridades locales y que, por lo general, no son ejecutados por no estar acompañados de los presupuestos correspondientes. Por ejemplo, en el Gobierno Regional de Junín se destinan recursos para la construcción de un aeropuerto. No obstante, un documento de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) “no considera ningún tipo de iniciativa o proyecto en Huancayo”. Asimismo en 2011, con los recursos del canon y sobrecanon, el gobierno regional de Ucayali pagó a periodistas, integrantes de asociaciones y clubes deportivos e hinchas, pasajes aéreos y terrestres por S/ 26,079.

Conociendo la ausencia de gestión y capacidad técnica, y el despilfarro de los recursos por parte de las autoridades locales, existe la propuesta de extender la distribución del canon directamente a las comunidades donde se realizan actividades mineras y de hidrocarburos. Pero de esta manera el despilfarro del canon solo se extenderá y consolidará, y no servirá para las obras extraordinarias que la población reclama a gritos. 

La izquierda antiminera sostiene que la distribución del canon es injusta porque excluye a los más pobres del país, y propone que los recursos sean destinados directamente a las comunidades. Los marxistas buscan atomizar los recursos y desvirtuar el concepto de canon (para obras de inversión). Si las burocracias de los gobiernos distritales, provinciales y regionales dilapidan los recursos extraordinarios del canon, ¿por qué sería distinto en las comunidades? Los presidentes comunales se entronizarían en sus puestos y conformarían círculos burocráticos corruptos para consumir los recursos del canon en consumo y gasto corriente, en favor de ellos y sus allegados. 

A la izquierda no le interesa resolver la grave situación de los más pobres. A los dirigentes que promueven una nueva redistribución del canon les interesa que el recurso económico esté a disponibilidad de las autoridades para malgastarlo, incluso en actividades políticas sin control. Y ya sabemos con qué propósitos: antisistema y antidemocráticos.