¡Argentina explota litio! ¡Perú no puede por burocracia!

Pese a la recesión mundial por la pandemia, los sectores minero y automotriz argentinos se han embarcado en el desarrollo de la IV Revolución Industrial en América Latina. Las autoridades de ese país acaban de otorgar la licencia de circulación para los autos eléctricos, de tecnología argentina, de la compañía Volt Motors. Asimismo, para las próximas semanas se prevé que circularán vehículos de otras marcas locales e importadas en las calles y carreteras argentinas, impulsados por motores eléctricos y baterías de litio ionizado. 

Asimismo, el pasado 5 de julio la minera canadiense Millennial Lithium Corp. recibió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de las autoridades para desarrollar el proyecto Pastos Grandes, a 231 km de la ciudad de Salta, al pie del volcán Quevar, a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Con la DIA aprobada, la mencionada minera iniciará la construcción de la planta que en el 2022 producirá carbonato de litio para baterías. La aprobación del proyecto en el corto plazo demuestra el apoyo del Estado argentino a los proyectos mineros esenciales para su economía. 

Vale señalar que, según las normas argentinas, después de realizada la audiencia pública para presentar el proyecto de producción a las comunidades de influencia minera, las autoridades tienen 15 días hábiles para otorgar o negar la DIA. Si fuera el caso, las empresas quedan expeditas para ejecutar inmediatamente actividades, proyectos, programas o emprendimientos vinculados a actividades industriales. 

En Perú sucede todo lo contrario, tal como se evidencia en el caso del proyecto de cobre Tía María en Arequipa, todavía detenido: cuatro años después de la presentación en audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el concesionario recibió la licencia de construcción de la mina. Sin embargo, el proyecto no avanza por las marchas y contramarchas del Ejecutivo.

La visión innovadora del sector privado argentino ha impulsado a conformar la Cámara Argentina de Litio, Baterías de Litio, Autos Eléctricos con Baterías de Litio y Servicios Financieros Afines (Calbafina). La Cámara tiene como objetivo propiciar entendimientos interinstitucionales privados y estatales para promover proyectos de desarrollo vinculados con el litio (considerado actualmente como “oro blanco”) y su importancia energética en los próximos años. 

Argentina es parte del triángulo del litio junto a Bolivia y Chile. Las inversiones de los últimos años fueron destinadas a superar la producción e industrialización de carbonato de litio de sus vecinos Chile y Bolivia. Sin embargo, como en la mayor del planeta, la pandemia del coronavirus detuvo las actividades mineras aun cuando se desarrollan de manera confinada, alejadas de los poblados. 

Los esfuerzos desplegados en Chile, Bolivia y Argentina para hacer del litio el recurso del milenio contrastan con la indolencia del Estado peruano. La producción e industrialización del litio todavía son prospectos; y en el caso de los yacimientos hallados en Puno, continúan con gran lentitud por la tramitología y bloqueo de la burocracia. Es el caso del proyecto Falchani en Puno, a cargo de la también canadiense Macusani Yellowcake SAC. El proyecto de US$2,089 millones –US$ 587 millones para la primera fase (inversiones capex, para crear beneficios)–, con explotación a tajo abierto de 4.7 millones de toneladas de litio, que es el sexto más grande del mundo: de gran tamaño, larga vida útil y bajo costo. 

No obstante todos los beneficios económicos y la posición peruana a nivel mundial en cuestiones energéticas, la parsimonia de la burocracia peruana estremece por su frivolidad. El oro blanco, que sirve para fabricar las baterías de los teléfonos inteligentes y piezas claves de los artefactos de la IV Revolución Industrial, permanece sin poder ser extraído por asuntos burocráticos. Macusani Yellowcake SAC proyecta una inversión de US$ 860 millones para explotar 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio. Según algunos cálculos las 4.7 millones de toneladas podrían representar US$ 50,000 millones, considerando los precios actuales de la tonelada de litio.

Detener el proyecto de litio en el Perú es un verdadero crimen social, sobre todo considerando que la recesión derrumbará el 15% del PBI y aumentará la pobreza en más de tres millones de peruanos.