¡Agua, sí, con minería también!

El Perú enfrenta una de las paradojas más absurdas de su desarrollo: se encuentra entre los diez países con mayores reservas de agua dulce y, sin embargo, millones de peruanos carecen de agua potable. El problema, por lo tanto, no es la ausencia del recurso, sino la incapacidad del Estado para almacenarlo, regularlo y distribuirlo.

Las cifras del Banco Mundial son contundentes. La capacidad de almacenamiento de las presas peruanas apenas alcanza los 184 metros cúbicos por persona, frente a un promedio de 2,500 metros cúbicos en América Latina y el Caribe. El Perú almacena, en consecuencia, casi 14 veces menos agua que sus vecinos. Más grave todavía: la infraestructura existente apenas permite regular 5.77 miles de millones de metros cúbicos al año, equivalentes a solo 0.5% de los recursos hídricos superficiales renovables disponibles.

Esta deficiencia resulta más absurda cuando se observa la distribución geográfica del recurso. Cerca del 98% del agua se concentra en la vertiente amazónica, mientras que en la vertiente del Pacífico, donde vive aproximadamente el 63% de los peruanos, solo se dispone de alrededor del 2%. Y, como si todo ello fuera poco, aproximadamente el 53% del agua disponible en la costa termina arrojándose al mar.

El resultado es una paradoja que debería avergonzar a cualquier Estado moderno: el Perú tiene agua en abundancia, pero no tiene cómo conservarla cuando la necesita. A ello se suma la insuficiente cobertura de redes de agua y desagüe, lo que explica que una potencia mundial en recursos hídricos todavía tenga 3.5 millones de peruanos sin agua potable.

Frente a esta realidad, el Estado tiene una responsabilidad ineludible. Pero también debe reconocer sus limitaciones. El país necesita relanzar la inversión pública y privada en infraestructura hídrica mediante mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas y las Obras por Impuestos. Y en esta tarea la minería formal puede convertirse en un aliado estratégico, debido a su capacidad financiera, técnica y de ejecución para construir infraestructura de gran escala allí donde el Estado ha demorado décadas en llegar.

Arequipa ofrece una demostración concreta. Cerro Verde cofinanció la presa Pillones, con una capacidad de 80 millones de metros cúbicos; financió Bamputañe, de hasta 40 millones; y cofinanció San José de Uzuña, de 10 millones. En conjunto, estas obras incorporaron 130 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento al sistema del río Chili, generando disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura y minería. Estas iniciativas atienden aproximadamente al 90% de la población arequipeña. La empresa, además, financió con recursos propios la planta de tratamiento La Enlozada, capaz de procesar el 99.5% de las aguas servidas de la ciudad.

La experiencia de Tacna apunta en la misma dirección. Southern Perú cofinanció la presa Cularjahuira, que incrementó en 2.55 millones de metros cúbicos la disponibilidad hídrica para uso agrícola, y comprometió más de S/142 millones mediante Obras por Impuestos para la futura presa Callazas. Esta infraestructura tendrá 10 millones de metros cúbicos de capacidad aprovechable y permitirá irrigar 3,392 hectáreas de cultivos.

No se trata, por tanto, de una discusión teórica. Son obras concretas que demuestran que la actividad minera puede participar en la construcción de infraestructura hídrica cuyos beneficios alcanzan a poblaciones, agricultores y otras actividades productivas.

Cajamarca ofrece ahora otra oportunidad. Después de más de cuatro décadas de espera, el proyecto de la presa Chonta, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y Newmont Yanacocha, permitirá almacenar más de 44 millones de metros cúbicos de agua. La obra está destinada a irrigar más de 5,000 hectáreas y abastecer a más de 300,000 habitantes hasta 2039.

La magnitud del proyecto adquiere mayor importancia cuando se observa la situación actual de Cajamarca: la demanda de agua potable llega a 638 litros por segundo, mientras que apenas se logra atender algo más de 380 litros por segundo. Una región con importantes recursos hídricos naturales sigue enfrentando, así, una grave insuficiencia de infraestructura.

La lección es evidente. La minería formal no debe ser vista únicamente como una actividad extractiva que utiliza recursos naturales. También puede convertirse en un instrumento para construir la infraestructura que el país no ha sido capaz de desarrollar por sí mismo. Las presas de Arequipa, las obras de Tacna y el proyecto Chonta demuestran que es posible articular minería, agricultura, consumo humano y desarrollo regional.

El Perú no necesita escoger entre minería y agua. Necesita precisamente lo contrario: utilizar su capacidad de atraer inversiones mineras para multiplicar la infraestructura hídrica que permitirá almacenar el agua, ampliar la agricultura, garantizar el consumo poblacional y enfrentar mejor las sequías y los fenómenos climáticos.

La verdadera amenaza no es que el Perú carezca de agua. Es que continúe dejándola correr hacia el mar mientras millones de peruanos esperan por ella. El desafío consiste en cosecharla, almacenarla y convertirla en desarrollo. Y la minería formal puede ser parte importante de esa solución.