Editorial Economía

¡A defender Las Bambas!

Antimineros alientan violencia y bloquean inversiones

¡A defender Las Bambas!
  • 21 de octubre del 2019


Como era de esperarse, el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente; el alcalde provincial de Chumbivilcas, Marcos Ibarra, y los siete alcaldes distritales de esa provincia cusqueña se han pronunciado en contra del estado de emergencia establecido por el Gobierno de Martín Vizcarra para salvaguardar el orden en la vía que conduce a la mina Las Bambas. 

Asimismo, las autoridades reunidas la semana pasada rechazaron lo que ellos denominan “la criminalización de la protesta” y exigen más diálogo con las autoridades locales y nacionales, y con los representantes de la empresa minera. Al respecto, el día de ayer se reinició el diálogo para resolver las demandas de los dirigentes. 

La violencia protagonizada por grupos de pobladores durante el bloqueo de la vía, iniciado el 22 de setiembre pasado, provocó numerosos heridos, muchos de ellos policías destinados a mantener el orden en la zona. Asimismo, la pérdida del ojo de una manifestante se pretendió atribuir a un perdigón disparado por la policía. Tal situación fue desmentida por los pobladores y los exámenes médicos realizados a Igidia Humpire, indicando que el daño ocasionado al ojo de la manifestante fue por una piedra lanzada por las huaracas por los vándalos, apostados en las alturas de los cerros colindantes a la carretera. 

Al círculo antiminero se le cayó la estrategia de convertir en heroína a Humpire, tal como hicieron con Máxima Acuña de Chaupe en Cajamarca, falsa heroína del medio ambiente encumbrada por las ONG marxistas. 

Las dirigencias de las comunidades, asesorados por las ONG vinculadas al marxismo —que intentan extenderse en la región, con el apoyo de Venezuela, organizando violentas manifestaciones como en Chile y Ecuador— pretenden desconocer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por las comunidades de influencia minera por aclamación de unas 6,500 personas en mayo 2010.

Por el prurito de inventar conflictos, los asesores marxistas y dirigentes de las comunidades piden la modificación del EIA. Con esto, exigen la construcción de un mineroducto para evitar —según ellos— los impactos contaminantes del ruido y polvo provocados por los camiones que transportan mineral desde Las Bambas al puerto de Matarani (Arequipa). 

El pedido abre otras posibilidades para transportar el mineral de la mina al puerto, como la construcción de una vía férrea. Lo curioso es que con cualquier posibilidad de transporte de mineral, los comuneros dejarán de recibir compensaciones económicas por el uso de la vía. Si esto fuera así, los asesores “limeños” —como son nombrados en las comunidades— también dejarían de percibir comisiones altas por tales compensaciones. 

La izquierda antiminera no abandonará el sur. La sobrevivencia de las ONG seudo ambientalistas y asesores y enlaces vinculados depende de las actividades antimineras. El objetivo no es otro que detener la producción de cobre del país para favorecer intereses extranjeros, de los especuladores mundiales del metal rojo. Los pretextos de la supuesta defensa del ambiente y de la pureza de las fuentes de agua es conocido. El móvil es también político: desestabilizar la economía para señalar que “el modelo económico es un fracaso”. Ya lo dijo Maduro días atrás: “las protestan en Chile y Ecuador son porque el modelo neoliberal ha fracasado”. 

Lo cierto es que debido a las inversiones mineras, la disminución de la pobreza de la población en una década es un hecho en Apurímac: de 57% a 23%. Por las inversiones privadas aparecieron nuevos estratos sociales por encima de la pobreza y surgió una nueva clase media rural. Por la minería, cada dólar invertido genera US$ 1.75 adicionales para detener la pobreza, la desocupación y la informalidad que afectan al país.

  • 21 de octubre del 2019

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