¡Voluntariamente!

Precisamente porque la invasión del tajo de Chalcobamba por la comunidad de Huancuire es hoy el más extremo de los conflictos mineros, es al mismo tiempo el caso emblemático y a resolver en primer lugar.

Los comuneros de Huancuire han montado allí una operación minera informal de pequeña escala en busca de cobre. Eso no es una solución para el Perú, aunque lo sea para ellos. Lo que el Perú necesita ahí es una explotación de gran escala, que permita abastecer la enorme demanda mundial de cobre que vendrá en el siglo XXI, y que solo una gran empresa moderna, como la minera china de Las Bambas, puede realizar.

Está claro que la solución de este caso tendrá que ser negociada pacíficamente para que los comuneros abandonen voluntariamente Chalcobamba. Es imposible hoy pensar en el uso de la fuerza pública para echar a los comuneros de Huancuire. Ese camino conduciría inevitablemente a la pérdida de vidas humanas. Ningún gobierno se expondrá a tomar una decisión como esa, que llevaría a una interminable cadena de retaliación de procesos penales. Menos que nadie este gobierno. Los comuneros lo saben.

Lo que argumentan hoy es que las 1,900 hectáreas del tajo de Chalcobamba fueron efectivamente vendidas por la comunidad a la empresa minera en 2013 y 2017 –afirma que sin que la comunidad supiera lo que había debajo– en S/ 220 millones, el equivalente de S/ 12 por metro cuadrado.

¿Era esta una solución equitativa? ¿Lo han sido acaso las transacciones en que las empresas han tenido que comprar hasta cinco veces la misma tierra –como me confesó una fuente confiable– engañadas por quienes tienen la superficie cuando tomaron conciencia del valor inmensamente mayor de lo que había debajo de ellas? ¿Es esta una manera transparente de hacer negocios y de consolidar la propiedad de la tierra? Este es un problema político de primer orden y necesita una solución política de primer orden. No es un asunto policial ni un pleito judicial, como lo fuera en otro tiempo.

La buena noticia es que, precisamente por ser un tema político, el Perú tiene la oportunidad de forjar una nueva propuesta y sentar un precedente para los conflictos mineros, no solo peruanos sino también globales. Una que permita el destrabe de los recursos naturales, hoy bloqueados en todo el planeta por quienes controlan la superficie sobre ellos y no permitirán sacarlos hasta que exista una solución que todas las partes encuentren equitativa.

Esa fórmula pasa inevitablemente por establecer el valor de la tierra sobre los recursos. Eso no lo pueden decidir quienes tienen el control de la superficie, ni la empresa que tiene la concesión del recurso natural, y mucho menos el Estado. Eso solo puede determinarlo el mercado global, no el mercado local. Porque solo así ese valor será equitativo y aceptado por todas las partes y variará día a día junto con el precio de bolsa de los recursos naturales debajo. Así no habrá ya ningún lugar para el conflicto.

Dotar a esas tierras de papeles que representen fehacientemente su valor para las bolsas mundiales es lo que hace falta. Y por difícil que esto pueda parecer, ya no lo es hoy con la tecnología digital disponible. Esto es lo que De Soto propone y esto es lo que, en mi opinión, los comuneros de Huancuire le piden hoy ayudar a explicar, en la propia, China al propietario de la mina de Las Bambas, que es el Estado chino.

Suponer, en cambio, que se presta a legitimar los intereses de unos invasores ilegales de las tierras de la empresa; o peor aún, que lo hace en su propio beneficio engañando a los comuneros –o que, a la inversa, es víctima de una trampa pérfida y astuta de los comuneros que deberían ser desalojados por la fuerza pública– revela, en mi opinión, por lo menos un juicio miope cuando no una estrecha visión de túnel ante la principal de las trabas que mantienen al Perú atado a la miseria.