Un gobierno incomprensible

En una entrevista con Jaime Chincha (en el programa “Nada está dicho” de RPP) Gustavo Gorriti dijo el miércoles que “ningún presidente puede permitir un entrampamiento en que el Gobierno no pueda funcionar”. Una interrupción me impidió seguir la entrevista y escuchar el contexto de la frase, aunque adivino que pretendía apoyar el adelanto de elecciones propuesto al Congreso por el Presidente Vizcarra. No obstante, el texto escueto de la oración expresa un concepto tan razonable y preciso que debería ser interiorizado por cualquier Jefe de Estado que quiera gobernar un país en beneficio de los ciudadanos.

Más allá del imperativo de respetar la Constitución, es evidente que la iniciativa de nuestro mandatario ya está provocando “un entrampamiento en que el Gobierno no pued(e) funcionar”, como es obvio para cualquier observador (y debería serlo también para el propio Presidente). Al “entrampamiento” de la ingobernabilidad debemos sumar las graves consecuencias desestabilizadoras que tendría esta incomprensible e inoportuna propuesta de reforma constitucional en caso de ser aprobada por el Congreso que, inevitablemente, se haría cómplice de la misma. El anárquico proyecto del Ejecutivo para dejarnos sin gobierno eleva a la máxima potencia la confrontación que el dúo Vizcarra/Zeballos busca indesmayablemente con el parlamento, socavando la capacidad presidencial de gestionar los asuntos de interés público. 

¿Por qué y para qué lo hacen? 

Son dos preguntas que es imposible responder razonablemente si se presume (1) que Vizcarra quiere servir y trabajar por el Perú; y (2) que accedió a la Presidencia de la República con el abierto y decidido apoyo de Fuerza Popular; apoyo que orquestó César Villanueva, designado como Primer Ministro en compensación por sus esfuerzos para combinar la vacancia de PPK y la entronización del sucesor con un respaldo mayoritario.

Pero ambos ignoraron que el heredero de Kuczynski no fue elegido para presidir el país sino como Vicepresidente de un gobierno cuyo Plan iba en dirección opuesta, lo que compromete seriamente su legitimidad frente a la mayoría de los peruanos  que votaron ese programa de gobierno en las elecciones de 2016. 

Si bien es cierto que las coincidencias programáticas entre PPK y Fuerza Popular podrían haber facilitado una gestión en beneficio del Perú, es obvio que el franco y decisivo apoyo de esta fuerza política a la sucesión de Vizcarra era una garantía transparente para concretar la constructiva confluencia Ejecutivo/Legislativo en una cómoda acción de gobierno. Sin embargo, lejos de aprovechar esta saludable coincidencia Vizcarra se ha empeñado en truncar su mandato antes del plazo constitucional, negándose la posibilidad de iniciar la ejecución  los planes de mayor trascendencia elaborados por su gobierno:del Plan Nacional de Competitividad y el Plan de Infraestructura.

¿Cómo juzgar entonces a un Presidente cuyas insalvables contradicciones anulan sus propias acciones de gobierno? ¿Es comprensible que un Jefe de Estado no busque el éxito de su gestión sino que se empeñe en provocar su fracaso?