Un brazo más de la dictadura

El Decreto Supremo 014-2022-TR, hoy defendido por la marcha convocada por la congresista Isabel Cortez (con una asistencia pobrísima), representa un ladrillo más en la construcción de fuentes de poder alternativas a la democracia que pretende el proyecto totalitario de Pedro Castillo. Muchos se han enfocado en los efectos económicos negativos que tendría, que sin duda son significativos: más huelgas, paralizaciones, horas-hombre perdidas e inflación: y menor producción de bienes. Pero pocos hacen hincapié en el problema político que representa otorgarle tanto poder a los sindicatos, mientras contamos con un Ejecutivo manejado por uno de los sindicalistas más radicales de los últimos tiempos.

Con este decreto, bastará que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no se pronuncie en contra de una huelga para que esta sea legal a los tres días de solicitada, y sin la obligación de haber pasado por una negociación colectiva previa. Esto no solo fomentará las huelgas –que ya venían generando tres veces más pérdidas de horas-hombre, que hace dos décadas–, sino que además permitirá a los sindicatos prohibir que estos trabajadores sean reemplazados temporalmente, obligando a la empresa a quedar paralizada. ¿El objetivo? Generar un daño económico que permita chantajear e imponer condiciones. ¿Cuáles? Las que el sindicato de manera unilateral imponga.

En Perú solo 4% de los trabajadores está sindicalizado. Y si los sindicatos realmente representaran sus demandas y necesidades esto no sería así. En Finlandia, Suecia y Dinamarca –países en donde los sindicatos inclusive capacitan a sus miembros para recolocarlos en mejores posiciones, y que entienden que la productividad laboral y los salarios van de la mano– los niveles de sindicalización superan el 60%. Contrariamente al diagnóstico que plantea la izquierda, los sindicatos en el Perú no están debilitados por el régimen neoliberal, sino porque su funcionamiento obedece a lógicas de enfrentamiento y no de cooperación, lo que no se corresponde con las verdaderas necesidades del trabajador no ideologizado.

Por todo ello el trabajador decide voluntariamente no sindicalizarse, porque no le sirve realmente. Este decreto supremo pretende obtener por la fuerza aquello que podrían obtener realizando un buen trabajo de representación. Los trabajadores que no aceptan sus huelgas, se verán obligados a no trabajar, atentando contra sus derechos. Ni qué decir respecto al impacto que tendrá el hecho de que sindicatos organizados con sesgos políticos –y subordinados al gobierno de turno, como es el caso del Fenatep de Castillo– puedan imponer sus condiciones sobre empresarios a los que decidan chantajear por ser opositores. Sin duda, además de la instrumentalización de los ronderos, este sería un brazo más de la dictadura que se intenta forjar.