Retroceder, retroceder y retroceder

Preocupante el panorama que ensombrece el 28 de julio. Frente a la evidente mala fe con que las izquierdas se coaligan para dinamitar el trascendental proyecto Tía María, el Presidente y sus ministros promueven un gran encuentro con los enemigos de la ley y el desarrollo, comandados por el impresentable e insolente gobernador de Arequipa. Ese es el escenario escogido por el señor Vizcarra para rechazar rudamente una decisión parlamentaria. Entretanto, el Ministro de Justicia —Premier en la sombra— retrocedía al libreto de la confrontación para decir que no descarta el cierre del Congreso si éste no honra sus “compromisos políticos con el país (…) y sus responsabilidades constitucionales porque cuando el Ejecutivo recurrió al Parlamento con una cuestión de confianza, ésta fue otorgada”. Con una agenda económica siempre alejada de la prioridad oficial, no sorprende que al gobierno no le importe el impacto de tan negativos elementos en la inversión privada y el movimiento del mercado.

Más insólito aún es que, de una u otra manera, estas circunstancias sean factura propia de un Ejecutivo cuya irreprimible vocación por el entrampamiento termina arrastrando al Congreso y agudizando un síndrome (crónico) que, vía los políticos, todos peruanos padecemos. 

En buena medida los problemas se originan en la aversión presidencial al ejercicio de Autoridad, y en la desesperada búsqueda de diálogos defectuosos para escamotear los desafíos inherentes a la responsabilidad de gobernar y ejercer la autoridad en cumplimiento de la Constitución y de la ley. Ignorando insultos inaceptables a la dignidad de su investidura (“Tía María no va, Vizcarra traidor”, escribió y vociferó el gobernador de Arequipa), el Jefe de Estado hizo organizar, en esa misma ciudad, la solemne reunión del martes 23 con la presencia de todos los gobernadores del Sur, y otras autoridades radicales (como los alcaldes de las zonas más beligerantes de la provincia de Islay). Resultado: El Presidente ha aceptado el “recurso de revisión” de la licencia presentado por el gobernador de Arequipa; y cuando éste demandó una nueva Ley de Minería para reemplazar a la vigente desde 1993, el Mandatario coincidió en que la actual ley “está desfasada” (La República, 25/7). De lo malo, lo peor.

¿Es explicable que el propio gobierno haya concebido un marco tan absurdamente perfecto para amplificar la capitulación de su autoridad legítima frente a una mayoría adversa de autoridades de rango regional y provincial identificadas con el objetivo de fomentar la turbulencia y el caos para frustrar la minería y el desarrollo del país? ¿Es admisible que el gobierno propicie condiciones —o pretextos— que bloqueen las decisiones que debería tomar en función la prosperidad de todos los peruanos? Seguirá repitiéndose lo ocurrido en Tambo Grande, Conga, Santa Ana y Las Bambas. Lo que intriga es que los nuevos capítulos de esta conocida novela coincidan con la sencilla y genial iniciativa de Hernando de Soto para llevar prosperidad a los dueños de los predios cuyo subsuelo es rico en yacimientos mineros o hidrocarburíferos cedidos legalmente a empresas que ejercen el derecho de utilizar esos contratos de concesión como valores que se transan a los precios internacionales que rigen en el mercado global. 

En vez de recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas, el gobierno y el empresariado local siguen mordiéndose la cola frente a un entorno crecientemente demandante de comunidades y grupos de interés cada vez más empoderados por la inercia nacional y el lanzamiento de los proyectos en cartera. Si bien ya no se esperan ideas capaces de regenerar el ambiente, que asfixia a la principal riqueza del país, sería responsable estudiar y apoyar una iniciativa que, quiérase o no, cobra cada vez más fuerza en los mercados y en países con elites conscientes de la rentabilidad de los activos titularizados, que De Soto sigue trabajando fuera del Perú.

Ojalá que el mensaje patrio del Primer Mandatario esté a la altura de los retos que tenemos al frente. Y que responda con inteligencia a las oportunidades que perdemos por las trivialidades y rencillas en que naufraga la agenda política, haciéndonos retroceder más de lo que avanzamos.