Remando contra marea

El país requiere una reforma institucional integral

Lamentamos profundamente los embates propalados por el Fenómeno de El Niño, con alto número de fallecidos, damnificados y gran destrucción material. Si bien son loables los esfuerzos desplegados en respuesta por el Gobierno, estamos ante un nuevo golpe de la naturaleza que nos recuerda la fragilidad institucional y consecuente incapacidad preventiva de nuestro país, tema en el que ahondaremos en una de nuestras próximas video columnas. Pero antes debemos analizar de qué manera puede este penoso suceso sumar a los restantes desafíos que tiene la economía peruana para el 2017.

Iniciemos recordando el recorte del estimado de crecimiento del Gobierno, de 4.8 a 3.8% (el nuestro es 3,6%) para el año, luego del destape de corrupción vinculado al escándalo Lava Jato, centralizado particularmente en la suspensión del Gasoducto del Sur y sus efectos colaterales. Preocupa, sin embargo, que conjuntamente se hayan paralizado buena parte de los proyectos de infraestructura asociados al anunciado destrabe por US$ 18,000 millones. Destaca la paralización de la Línea 2 del Metro de Lima, responsable del desplome de la inversión pública en 24% durante febrero, así como la evidente ruptura de la cadena de pagos de proveedores de bienes y servicios asociados a los proyectos a cargo de las empresas con acusaciones de corrupción.

Sumémosle ahora a ello los efectos de El Niño y los daños inherentes traducidos en la inundación de tierras de cultivo y cosechas, deterioro de canales de regadío, afectación de vías férreas, carreteras y caminos terrestres, puentes e infraestructura de servicios básicos (escuelas, hospitales), como también el colapso masivo de viviendas. Todo lo cual repercutirá directamente en la actividad económica, en particular en los sectores agrícola y manufacturero (agroindustria), comercio, construcción, así como servicios en general, destacando por ejemplo el turismo y el financiero, por el retraso o imposibilidad de pago de deudas. No olvidemos la minería, motor de la economía en el último año, que podría ver el cierre de algunas de sus operaciones, además del complicado contexto de conflictos sociales. Visto por el lado de la demanda es innegable el golpe que sufrirá el consumo privado, a acentuarse con el incremento en precios de ciertos alimentos y servicios esenciales, al igual que las expectativas de inversión privada.

¿De qué manera repercutirá en el crecimiento? En realidad la respuesta es relativa, y si bien pensamos que los factores mencionados pueden restarle más de un punto al estimado (alrededor de 2.5%), todo dependerá fundamentalmente de dos elementos. Por un lado, la capacidad de ejecución del estímulo fiscal de S/. 5,500 millones, de los cuales S/. 1,500 millones servirán para la reconstrucción —a los que se adicionarán otros S/. 1,000 millones con el mismo propósito—, como también la aceleración de las obras por impuesto para el año, por S/. 1,000 a 1,500 millones. En un escenario ideal, de ejecución rápida y eficaz, podría potencialmente inyectarse más de S/. 7,500 millones (suma total) a la economía, que contrarrestarían el peor escenario e impulsarían hasta alrededor de 3.5%.

Por otro lado —no menos importante, pues solidificaría el terreno del Gobierno hacia el bicentenario, aprovechando un contexto complicado para legitimar políticamente la acción—, se requiere establecer explícitamente y accionar una reforma institucional integral centralizada en pocas entidades empoderadas y lideradas bajo el primer ministro o el propio presidente, buscando anclar las expectativas del sector privado. Como acotamos en nuestro artículo “Institucionalidad: aclarando conceptos”, la conflictividad, corrupción, e inseguridad comparten la misma base: la falta de instituciones sólidas, entendidas en un concepto más amplio del comúnmente discutido, que el reciente desastre natural ha vuelto a desnudar. Ya lo dijimos, más sobre esto en nuestras próximas video columnas.

César Martín Peñaranda