Christian Luján
Reflexiones sobre la necesidad de un Estado con rumbo
A propósito del conversatorio sobre el Modelo Peruano de Estado Estratégico
Este 7 de octubre tendremos en la PUCP un conversatorio con Oliver Stark, presidente del Directorio de Petroperú, para discutir el Modelo Peruano de Estado Estratégico organizado por Essentia PUCP y Nueva Ilustración. La ocasión resulta especialmente valiosa porque obliga a abandonar una falsa disyuntiva que ha empobrecido durante décadas nuestro debate público: o un Estado gigantesco que pretende controlarlo todo, o uno raquítico que contempla pasivamente cómo los problemas nacionales se pudren. El Perú no necesita ninguno de esos extremos. Necesita un Estado limitado en sus atribuciones, pero vigoroso en sus responsabilidades.
El modelo presentado por Stark plantea conservar la democracia, el Estado de derecho, la economía social de mercado y el principio de subsidiariedad, incorporando planificación de largo plazo, profesionalización, meritocracia, transformación digital y capacidad técnica. Su fórmula central es sencilla y yace en la legitimidad democrática para gobernar y conocimiento especializado para gestionar. No propone sustituir al ciudadano por el tecnócrata, sino impedir que cada elección entregue la administración pública al improvisado, al militante premiado o al burócrata sin competencia.
Esta visión posee una profunda afinidad con el conservadurismo auténtico que desde esta trinchera hemos defendido. El conservador no adora al Estado ni pretende destruirlo: reconoce que es una institución necesaria para custodiar el orden, defender la soberanía, garantizar la justicia y preservar la continuidad histórica de la nación. Al mismo tiempo, desconfía de la concentración del poder y comprende que la familia, las comunidades y la iniciativa privada anteceden al aparato público. Por eso la subsidiariedad —con raíces en la doctrina social cristiana— exige que el Estado no usurpe aquello que la sociedad puede realizar por sí misma, pero también que actúe cuando esta carece de medios suficientes.
Nuestra actual Constitución recoge precisamente ese equilibrio. La iniciativa privada es libre dentro de una economía social de mercado; el Estado orienta el desarrollo nacional y concentra su actuación en seguridad, salud, educación, infraestructura y servicios públicos. Además, solo puede desarrollar actividad empresarial por ley expresa, subsidiariamente y cuando exista alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Por tanto, un Estado estratégico no contradice el modelo constitucional: lo toma en serio.
Petroperú representa el caso más incómodo y necesario para someter esta visión a prueba. Su importancia energética no puede convertirse en un salvoconducto para la ineficiencia, la captura política o los rescates fiscales perpetuos. Pero tampoco puede ignorarse que, a marzo de 2026, la empresa mantenía participaciones del 42% en diésel y 31% en gasolinas, y superaba el 75% del mercado en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde la presencia privada era reducida. La Refinería Iquitos, por ejemplo, abastece actividades esenciales en una región no conectada al sistema eléctrico nacional y recientemente amplió en 1.68 millones de galones su capacidad de almacenamiento.
Lo estratégico; sin embargo, no es sinónimo de intocable. Una empresa estatal solo merece existir si cumple una función nacional concreta, cuenta con gobierno corporativo profesional, publica resultados verificables y deja de tratar el dinero del contribuyente como un recurso inagotable. La gestión encabezada por Stark ha fijado tres prioridades: recuperar liquidez, fortalecer las operaciones y modernizar la organización para devolverle sostenibilidad y rentabilidad a Petroperú. Esa ruta debe ser evaluada con cifras, plazos y responsabilidades, no con consignas nacionalistas.
Durante demasiado tiempo el Perú ha confundido gobernar con reaccionar. Cada administración desmonta lo anterior, improvisa prioridades y entrega puestos estratégicos como recompensa política. El Estado estratégico propone exactamente lo contrario: continuidad, conocimiento, autoridad legítima y objetivos nacionales que sobrevivan al capricho electoral. No necesitamos más Estado ni menos Estado. Necesitamos, de una vez por todas, un Estado que sepa para qué existe.
















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