La gran mentira nacional

 

La historiografía peruana está repleta de imprecisiones que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en creencias aceptadas. Una de las más persistentes se relaciona con el uso del término democracia para describir buena parte de nuestra experiencia republicana.

Desde la aparición política de la República en 1821, el Perú ha registrado aproximadamente 130 gobiernos. Esta cifra implica un llamativo promedio de duración de apenas 1.57 años por administración. De ese total, alrededor de 35 gobiernos son considerados formalmente constitucionales; es decir, regímenes que operaron bajo algún marco legal e institucional reconocible. Ello representa cerca del 27% del total.

Sin embargo, conviene no apresurarse. La existencia de un marco constitucional no convierte automáticamente a un gobierno en democrático. En América Latina, numerosos procesos catalogados como democráticos han surgido de regímenes de facto, han sido tutelados por estructuras autoritarias o han funcionado bajo reglas incompatibles con una noción genuina de democracia. En tales circunstancias, la etiqueta democrática termina siendo más retórica que real.

En sociedades donde las instituciones son débiles y la libertad se encuentra limitada, las consecuencias económicas suelen ser previsibles. No resulta casual que, durante más de dos siglos de vida republicana, el crecimiento promedio anual del producto por habitante apenas haya bordeado el 1.4%. La conclusión resulta difícil de evadir: como proyecto nacional, fracasamos.

 

Ordenemos las ideas

La democracia debe comprenderse a partir de su capacidad para preservar la libertad individual, la propiedad privada, el intercambio voluntario y el Estado de derecho. No constituye un fin en sí misma, sino un mecanismo institucional cuya legitimidad depende de su contribución efectiva a la protección del individuo.

Su principal virtud consiste en permitir la transferencia pacífica del poder político. Esta característica adquiere especial relevancia en países marcados por una larga tradición de caudillismos, golpes de Estado y conflictos internos. Allí donde antes predominaban la violencia y la ruptura institucional, las elecciones periódicas ofrecen un mecanismo civilizado para reemplazar gobernantes sin recurrir a la fuerza. 

No obstante, esta función solo puede cumplirse cuando existe una gobernanza mínimamente funcional. Una administración pública corroída por la corrupción, la ineficiencia, el incumplimiento sistemático de la ley o la intolerancia frente a opiniones discrepantes convierte a la democracia en una mera formalidad. Una democracia sin Estado de derecho no es democracia; es simplemente una ilusión. Este constituye, precisamente, el principal desafío del Perú actual.

La democracia también es valorada por su capacidad para reducir la conflictividad política y facilitar la cooperación social. Permite que individuos con visiones distintas convivan dentro de un mismo marco y resuelvan sus desacuerdos mediante procedimientos pacíficos. Sin embargo, una democracia genuina implica mucho más que el simple gobierno de las mayorías. Ninguna mayoría debería tener la facultad de vulnerar libertades. Por ello, resulta incompatible con aquellas definiciones ideologizadas que modifican el concepto de democracia según las preferencias políticas del observador.

La mera existencia de elecciones no basta para calificar a un régimen como democrático si simultáneamente se restringen las libertades civiles, económicas o políticas. Los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua ilustran esta realidad. La legitimidad electoral, cuando existe, no elimina el carácter autoritario de sistemas que restringen derechos fundamentales y concentran el poder político.

Del mismo modo, la aprobación formal de impuestos confiscatorios, expropiaciones, controles económicos o amplias intervenciones estatales no convierte dichas medidas en compatibles con una sociedad libre, solo porque hayan sido aprobadas mediante elecciones o selecciones. Por esto, la democracia debe actuar dentro de límites constitucionales que protejan derechos individuales y restrinjan el alcance del poder estatal. 

En este punto, las contribuciones de Friedrich A. Hayek resultan particularmente relevantes. El conocimiento necesario para coordinar la vida económica se encuentra disperso entre millones de individuos y no puede ser concentrado eficazmente por ninguna autoridad central. Incluso un gobierno elegido de manera impecablemente legítima carece de la información necesaria para dirigir eficientemente una economía compleja.

Los precios surgidos del libre intercambio transmiten información que ningún proceso político puede reemplazar adecuadamente. Por ello, la función principal de la democracia no debería consistir en administrar directamente la actividad económica, sino en establecer reglas generales de convivencia y proteger el marco institucional dentro del cual los individuos puedan actuar libremente. Desde esta perspectiva, la libertad económica y la libertad política no son sustitutos, sino complementos indispensables.

 

Lo que revelan los datos

Las Figuras I y II son particularmente ilustrativas. A pesar de utilizar indicadores distintos, ambas transmiten una misma lección fundamental: existe una asociación clara entre libertad y prosperidad.

Los países americanos que exhiben mayores niveles de libertad política y económica presentan, al mismo tiempo, los mayores niveles de ingreso por habitante. Por el contrario, las naciones que restringen las libertades individuales limitan la actividad empresarial, debilitan los derechos de propiedad o subordinan el Estado de derecho al poder político muestran niveles significativamente mayores de pobreza.

Las figuras permiten observar que la pobreza no se distribuye aleatoriamente. Los países ubicados en los segmentos de menor libertad económica y política concentran también los peores resultados económicos. De manera inversa, los países donde existen mayores espacios para el emprendimiento, la libre contratación, la inversión, la competencia y la estabilidad institucional, exhiben los niveles más altos de prosperidad. La lección resulta difícil de ignorar: cuanto menos libre es una sociedad, más pobre tiende a ser.

 

La salida es la democracia plena

Si las evidencias presentadas por ambas figuras nos muestran algo, es que las diferencias de riqueza entre países no pueden entenderse exclusivamente a partir de los recursos naturales ni de factores geográficos. Las instituciones importan. Cuando se respeta la propiedad privada, la libertad contractual y el Estado de derecho, se generan los incentivos necesarios para la inversión, la innovación y la cooperación social. Surge así una sociedad abierta, dinámica y próspera.

Por el contrario, cuando los gobiernos utilizan su poder para expandir indefinidamente la intervención estatal, aparecen riesgos previsibles: ineficiencia económica, captura de intereses particulares, corrupción institucional y erosión gradual de las libertades individuales. No resulta casual que los regímenes menos democráticos sean precisamente aquellos donde las instituciones terminan subordinadas a los intereses del poder político.

Debe reconocerse, asimismo, que incluso dentro de sistemas democráticos pueden surgir incentivos perversos. Los gobernantes frecuentemente enfrentan presiones para adoptar medidas de corto plazo que maximicen apoyos electorales inmediatos, aun cuando ello implique mayores niveles de endeudamiento, inflación o desequilibrios fiscales en el futuro.

Sin embargo, esta observación subraya la necesidad de limitarla constitucionalmente. La democracia debe encontrarse subordinada a principios más fundamentales: la libertad individual, la igualdad ante la ley y un gobierno de poderes restringidos. Su verdadera utilidad radica en facilitar la rendición de cuentas y garantizar cambios pacíficos de gobierno, no en legitimar una expansión ilimitada de la autoridad estatal.

En consecuencia, una democracia requiere instituciones robustas, restricciones constitucionales efectivas, un Estado de derecho auténtico y amplios espacios para el ejercicio de la libertad económica. En términos cercanos a Robert Nozick, el poder político debe reducir al mínimo sus posibilidades de abuso sobre el individuo.

 

La gran mentira

Aquí radica el gran engaño que atraviesa buena parte de nuestra historiografía republicana. Durante más de dos siglos hemos asumido que el Perú atravesó numerosos períodos democráticos. Sin embargo, la realidad luce muy distinta. Nunca hemos alcanzado niveles elevados de libertad económica y libertad política de forma simultánea y sostenida. El supuesto 27% de gobiernos constitucionales aparece entonces bajo otra luz: no como evidencia de una tradición democrática, sino como una exageración histórica respecto de la verdadera calidad institucional de nuestro sistema político.

Solo habríamos conocido dictaduras desenfadadas y regímenes menos autoritarios. Hemos experimentado mayores y menores grados de opresión. Pero la concentración del poder, la fragilidad institucional y la limitada vigencia de las libertades han sido constantes recurrentes de nuestra experiencia republicana. La evidencia comparada presentada en las figuras resulta consistente con esta observación.

Si el Perú se ubica persistentemente entre los países con libertades incompletas o limitadas, tampoco debería sorprender que permanezca alejado de los niveles de prosperidad observados en las sociedades más libres. La pobreza no sería entonces un accidente histórico ni una fatalidad geográfica. Sería, en buena medida, la consecuencia de instituciones no-democráticas e irrespetuosas de la libertad individual. 

Por ello, el verdadero desafío hoy consiste en construir, por primera vez, una democracia plena: una democracia sustentada en la libertad individual, la propiedad privada, la igualdad ante la ley y límites efectivos al poder político.

Sin una plena democracia el Perú no podrá dejar atrás la combinación histórica de Extractivismo, pobreza e inestabilidad que ha sellado su trayectoria republicana. Y solo entonces podremos cantar el Himno Nacional con una convicción distinta: no como expresión de un ideal, sino como una celebración.

Recuérdelo, no existe desarrollo económico sin plena democracia.