Prioridad 1: restablecer el orden

Cada día se hace más evidente nuestra decadencia en todos los niveles y estratos sociales. Y parece que a nuestras autoridades no les interesa, o no les preocupa, encontrar una solución a esta debacle. Ante esto, surge la sospecha de que, si existe algún interesado en ver al Perú en situación de desgracia –es decir, verdaderos enemigos del país–, sólo puede tratarse de envidiosos de lo que hasta hace poco era nuestro éxito o de un grupo de resentidos e inútiles que desean ver a la población deprimida y desesperada para luego presentarse como supuestos redentores, a pesar de que sus propuestas ya han destruido a otros países.

De nada sirve buscar culpables por habernos llevado a este nivel; lo que realmente importa es encontrar la solución al problema. Para ello, debemos volver a lo más básico: identificar la necesidad más urgente que los peruanos requieren que se atienda de manera inmediata.

La respuesta, aunque obvia, tiene un único foco de atención: necesitamos detener la delincuencia en todas sus formas, desde el carterista y ladrón de celulares, pasando por los extorsionadores y mineros ilegales, hasta los violadores, narcotraficantes y terroristas. Por ello, es imperativo que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas recuperen de inmediato el control de las calles, avenidas, carreteras y, sobre todo, de las conocidas "zonas liberadas" en la sierra y selva peruana.

No es posible que nuestros políticos estén discutiendo si la investigación de los crímenes debe ser dirigida por la PNP o por el Ministerio Público, como si eso fuera una preocupación relevante para la ciudadanía, cuando lo que todos sabemos es que la prioridad es que la PNP cuente con los recursos suficientes para combatir a los delincuentes, y que sus efectivos no terminen encarcelados por cumplir con su deber.

Es inaceptable que la principal preocupación entre la PNP y la Fiscalía sea coordinar si se allanará la casa de la presidenta o si se protegerá a Cerrón, mientras las empresas de transporte deben pagar "cupos" para transitar por la capital. Tampoco es aceptable que los "intelectuales" debatan la importancia de que los fiscales conduzcan las investigaciones cuando policías y serenos son asesinados en las calles.

Es increíble que haya políticos y opinólogos incapaces de reconocer que los fiscales son, en gran medida, "funcionarios de escritorio", mientras que la PNP es la que realiza el trabajo pesado en las calles. Pedir permisos burocráticos en las fases preliminares de una investigación no sólo aumenta el riesgo para los policías y la población, sino que además deja a los fiscales cómodamente protegidos con chalecos antibalas en las audiencias.

En este momento, necesitamos unidad de criterio. De nada sirve tener a la PNP indefensa frente a oenegés que se aprovechan de errores menores cometidos por los policías para sacar provecho económico del Estado, disfrazando sus intereses particulares como asistencia social. Esto destruye la moral de cualquier institución.

No debemos permitir que se deslegitime la imagen de nuestras autoridades e instituciones, debilitándolas al punto de que no puedan actuar ante el caos de una revuelta desproporcionada e injustificada, como la ocurrida después de la captura de Pedro Castillo. Si se gasta tanto dinero en la defensa legal de ministros cuestionados, con mayor razón se debe invertir en la defensa de los policías y militares que arriesgan sus vidas combatiendo el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal y sus negocios conexos.

En este contexto, si ya hemos visto que la fórmula actual no funciona y es inaceptable que la criminalidad masacre a la población, es momento de regresar a defender los pilares básicos: el Estado de Derecho y la protección de la población. Si alguien no comprende algo tan fundamental, es porque carece de entendimiento o porque tiene el interés oculto de dejar a la población en un estado de extrema necesidad, para luego aprovecharse de una sociedad resignada a conformarse con migajas.