Los desafíos que enfrentará el Gobierno entrante

El contexto político peruano es hoy materia de análisis debido a la enorme fragmentación que indigna a la población, referida a la calidad de la democracia instalada en estos años, producto de la corrupción institucionalizada en diversos órganos de nuestra Constitución. El gobierno que juramentará el 28 de julio tiene enormes desafíos ante la deformación del sistema electoral y democrático y los evidentes desaciertos del Congreso 2021-2026, cuyas leyes pasarán a la historia como parte de un sistema democrático fallido.

La baja calidad de la democracia peruana ha incidido negativamente en la seguridad y el desarrollo nacional, por lo que es necesario que el Senado y la Cámara de Diputados generen un mecanismo institucional que ponga la representación congresal al servicio de la ciudadanía y no de sus propios intereses.

En la última Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción, el 88% consideró que la corrupción había aumentado, y ocho de cada diez personas señalaron que tiene consecuencias en su vida diaria; un 39% consideró que afectaba servicios esenciales como salud y educación, y el 85% percibió al Congreso como la institución más corrupta (Proética). Hoy el 87% rechaza la gestión del Congreso y sólo el 8% aprueba su labor.

Percepción de la corrupción en el presente y futuro. Fuente: Proética (2025).

Las tres instituciones más corruptas según los peruanos. Fuente: Proética (2025).

El gobierno entrante, liderado por Keiko Fujimori Higuchi, debe comprender que la seguridad y defensa son bienes y servicios públicos comunes destinados a resguardar la existencia de la Nación, así como su relación con los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

La calidad de la democracia no se limita al cumplimiento formal de los procesos electorales, sino a construir sólidas instituciones y prácticas, con eficaces controles intra e inter órganos, para que la ciudadanía pueda supervisar el uso que del poder hacen quienes lo detentan. Según la doctrina, los ciudadanos tienen el poder de evaluar en qué medida el gobierno se atiene a los objetivos de libertad e igualdad de acuerdo con el Estado de derecho.

En la medida en que la actuación del Congreso puede incidir negativamente sobre la seguridad ciudadana, la economía nacional y familiar y las políticas públicas de desarrollo, toda distorsión de la labor parlamentaria constituye per se un problema de naturaleza estratégica por su impacto sobre la democracia, la seguridad y el desarrollo.

En ese escenario, la presidenta de la República tiene la gran oportunidad de conformar el gran gabinete nacional: no con personajes cercanos a ella, sino cercanos a las ideas que aquí se plasman; personas de bien, de trayectoria democrática y generadoras de confianza e ilusión ciudadana, con un presidente del Consejo de Ministros que articule la política, la economía y los derechos fundamentales en favor del bien común, para afrontar los retos que demandará el fenómeno de El Niño y las nuevas relaciones geopolíticas.