Los agitadores y sus falsas promesas

Las frases altisonantes que piden la renuncia de la presidenta y convocar una asamblea constituyente tienen la finalidad de producir un efecto similar al ocurrido con el expresidente chileno, Sebastián Piñera, a causa de los disturbios de octubre de 2019. Un conjunto de hechos que dieron lugar a un proceso constituyente que redactó un texto constitucional inviable, no confirmado por plebiscito. Su rechazo dio lugar a un segundo intento con nuevas reglas de juego. En el Perú, el objetivo que se pretende es la dimisión de la jefa de Estado, luego desconocer la presidencia temporal del titular del Congreso, como dispone nuestra Constitución, e imponer a una persona confiable que sea funcional para convocar una nueva asamblea constituyente.

En columnas anteriores nos hemos dedicado a señalar los intereses del narcotráfico y la minería ilegal para recuperar sus espacios de poder, como siempre valiéndose de ciudadanos necesitados, mal informados, sumados a grupos subversivos para sembrar el caos y terror en las calles. Por eso llevan el nombre de terroristas; no es gratuito, se definen por lo que hacen. Por el contrario, las instituciones políticas tienen la finalidad de producir acciones que nos encaminen hacia el bien común en paz y seguridad para todos.

La educación es vital para utilizar el diálogo, a través del conocimiento y la razón argumentada, y por medio de la representación política. La política, la democracia y la Constitución son los medios de la civilización para progresar y resolver los problemas que la aquejan. Nos debe quedar en claro que no se puede votar con frivolidad, desafección política ni desilusión al sistema. Se trata de ser exigentes con los candidatos, más todavía con las autoridades electas y demandarlas socialmente si incumplen las responsabilidades confiadas.

La institucionalidad demanda observar las disposiciones constitucionales y legales. Son los principios y reglas básicas que acepta la comunidad política para convivir en paz y ser tolerantes mediante el respeto a la vida, libertad, igualdad y propiedad. El Estado de Derecho garantiza el orden social y jurídico en cualquier circunstancia. En ese sentido, el problema de fondo no es la independencia, la iniciamos hace 200 años. El problema es la falta de decisión para alcanzar la convivencia y tolerancia, propias de una sociedad que respeta las libertades de la persona para que pueda crecer plenamente, a la vez de cumplir con sus deberes para con la comunidad política.

Las turbas, incendios, desacato a la ley, atentados contra la integridad física, daños a la propiedad pública y privada no tienen como finalidad alcanzar la libertad y el orden democrático, sino capturar el poder, establecer un nuevo régimen llenos de promesas falaces y perpetuarse como ocurre en países como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Cuatro ejemplos de ensayo-error practicados que saltan a la vista por unos regímenes en lo que respecta a sus bajos índices desarrollo, respeto a las libertades y vencer la pobreza; lugares donde los reclamos por abusos a las libertades civiles y políticas, se toman como una afrenta a la “revolución” que se paga con pena de cárcel o la muerte. En resumen, la historia revela cómo los grupos con propuestas extremistas usan la democracia para alcanzar el poder; dicen proteger los derechos medioambientales para oponerse a la inversión extranjera y, finalmente, predican sobre derechos humanos para perseguir a sus enemigos.