Lo peor de todo

Como abogado, planeaba escribir sobre las numerosas prohibiciones y expresiones verbales del Presidente, cuyo cumplimiento ha sido exigido de inmediato, días antes de la imprescincible publicación de la norma. Como en tiempos de monarquías y virreinatos, hubo quienes se cuadraron sin dudas ni murmuraciones. También pensé recordarle al Presidente que, de acuerdo con la Constitución vigente, sus actos son nulos si no cuentan con referendo ministerial. Y que un ministro, para mantener tal condición, necesita que el Gabinete al que pertenece haya acudido dentro del plazo al Congreso y recibido su confianza; de lo contrario no está en capacidad de refrendar constitucionalmente nada, y deja nulo todo acto presidencial. El cambio de siglo mostró lo que puede ocurrir en los tribunales cuando se viola o simplemente se ignora lo dispuesto por la Constitución.

No es aceptable excusarse, como ha intentado hacerlo Vizcarra hoy, en las condiciones sociales o culturales que existían no solo antes de que naciera, y no me refiero al nacimiento de este desgobierno. Pero la evolución de los hechos antepone algo igualmente importante, pero más urgente. La insistencia en aplicar normas legales reñidas con el sentimiento popular, o de imposible cumplimiento, sin sufrir daño irreversible mayor y más seguro del que supuestamente se les quiere proteger, lleva irremediablemente a la desobediencia civil, cuando no a la revolución.

Desobediencia civil espontánea es lo que venimos viendo en las carreteras (provincianos desesperados que buscan regresar al terruño) y en los mercados de las zonas populares del país (en los que a ambos lados del mostrador el hambre acicatea) e incluso en las calles y avenidas de Lima. No hay líder aparente. Es hartazgo de lo que no solo no funciona, sino que agrega más complejidad y mayor riesgo sanitario.

Hoy la desobediencia civil escaló en el Mercado Mayorista de Santa Anita, violentando el ingreso en pleno toque de queda, reacción que muy probablemente puede expandirse si la tozudez y la torpeza persisten. El diseño centralizado, arbitrario y discriminatorio de Produce es inaceptable. Se han irrogado inconstitucional e injustamente el derecho a decidir quiénes pueden trabajar y comer, quiénes están explícitamente condenados a la inanición y a quiénes simplemente ignorar, condenándolos al mismo fin. Agravando el costoso desatino, la cordillera burocrática que han levantado el Minsay Produce hará imposible que la mayoría de pequeñas empresas pueda cumplir con los requisitos impuestos para poder abrir. La nunca sustentada restricción del tránsito vehicular privado, de mantenerse, terminará por atropellar a quien crea ilusamente estar entre los beneficiados por la “bondad e inteligencia” de los burócratas.

Ya probamos durante la ponzoñosa receta de control de precios durante la dictadura de Velasco y Alan1.0, por eso huelga mayor comentario. Sobre la cacareada intención de crear un impuesto adicional, conviene recordar que la Revolución francesa, la caída de la mayoría de las monarquías europeas y la emancipación americana fueron consecuencia de la reacción popular ante el abuso impositivo de un Estado restrictivo, incapaz de dar en medida equivalente a lo que quita vía impuestos. En el caso peruano la informalidad de tres cuarta partes de la población ha fungido de válvula de presión, pero puede tornarse insuficiente para contener el estallido, por el daño que ha causado el uso solitario y extendido del aislamiento y toque de queda como únicas tácticas impulsivas (porque no parece haber un objetivo claro ni una estrategia para alcanzarl) prolongadas con una engañosa apertura por etapas.

La crisis peruana actual es de personas (moral e intelectual), no de dinero: la billetera esta gorda tras mas de veinte años de semi capitalismo imperfecto, tras décadas previas en que campeó el socialismo. No se puede analizar una sociedad y llegar a conclusiones correctas solo mirando sus estados financieros, hace falta conocer su gente y los límites intelectuales y morales de sus burócratas. En el caso peruano el monto recaudado vía impuestos no puede ser visto como el problema principal. Año tras año el Estado es incapaz de invertir o gastar adecuadamente el presupuesto, mientras usa más del 50% de este para mantener una burocracia obesa, sin ningún beneficio ciudadano.

Pero hay algo aún más serio de que preocuparse. La reiterada necedad destructiva obliga a que todo patriota inteligente se pregunte si no hay agenda oculta en el Gobierno, o por lo menos en varios de sus miembros. En el mejor de los casos asistimos a una combinación de torpeza innegable de algunos, desconfianza y ceguera dogmáticas de otros, y genuina mala leche ante la esperada oportunidad de oro para destruir el sistema productivo y facilitar la instalación de una dictadura caudillista conveniente a los intereses de los VRIC.