Legislando el absurdo

El pasado jueves 25 de junio, el Congreso de la República aprobó la Ley de Alternancia y Paridad, que establece que la participación de las mujeres en las listas de los partidos políticos, ya sea en elecciones internas o en la participación de elección popular, esté garantizada con un 50%. Según sus defensores, la medida tiene una característica “integradora y transversal”, lo que permite mejorar el sistema político en cuanto a la representación que las mujeres puedan tener.

Al margen de la simpatía que puede genera esto, hay que preguntarse si en verdad es necesaria una ley que integre, por la fuerza, a las mujeres en la política. Hasta donde sabemos, no existe ninguna barrera legal que impida a las mujeres crear un partido político con el 100% de mujeres y participar en elecciones. Es más, sabemos que el porcentaje de electores en el Perú es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, lo cual presenta un escenario muy simpático para la participación de las mujeres en la política.

Dicho esto, las mujeres tienen la mesa servida para organizarse y gobernar el país, pero por alguna razón esto no ha ocurrido hasta el momento. Y podemos decir muchas cosas al respecto, todas sujetas a la necesidad de que las mujeres participen en política, pero no reparamos en que quizá estemos luchando con un fantasma. Si la ley no excluye a las mujeres de participar en política y estas no lo están haciendo, ¿a qué se debe esa intención de usar la mano violenta del Estado para obligarlas a participar en algo que tal vez no sea de su interés? No todas las mujeres andan por la vida desesperadas por el poder político, muchas de ellas no tienen ningún interés en ocupar esos cargos. 

Al fin y al cabo, la ley termina siendo contraproducente porque al obligar a los partidos a “integrar” a más mujeres en sus listas, no necesariamente estamos hablando de que estas sean las opciones más idóneas. La realidad es que las mujeres no tienen mucho interés en participar en política, y bien fundadas sus razones deben estar. Pero como ahora hay una demanda generada en forma forzosa, lo más probable es que los espacios para las mujeres en las listas de los partidos se llenen con lo que hay, no con lo mejor. Usar nombres de relleno es una práctica muy común en la dinámica interna de los partidos, y esta ley acaba de hacerla institucional.

Mujeres que tienen interés en la política existen, tenemos en nuestro escenario político las intenciones presidenciales de Verónika Mendoza y Keiko Fujimori; hay también autoridades municipales y regionales de sexo femenino. El detalle es que la mayoría prefiere dedicarse a otras cosas, y no hay nada de malo en que una mujer dedique su vida al modelaje o a vender ropa. Esto nos lleva a reflexionar sobre la utilidad que tienen las personas en la sociedad, ¿qué tan útiles son los políticos en general (olvidemos por un instante su sexo) en comparación con las personas que tienen otros intereses en la vida?, ¿Verónika Mendoza o Keiko Fujimori servirían mejor a la sociedad desde el poder político o vendiendo muebles en una galería?

¿Por qué la política no es atractiva para las mujeres? Eso es lo que tienen que preguntarse las personas que ven con buenos ojos el despropósito de esta ley. Una vez que tengamos un diagnóstico medianamente sensato, si se quiere una mayor participación de mujeres, y sólo en el hipotético caso de que sea un escenario ideal per se, no podemos caer en el populismo y la demagogia que nos lleva a resolver todo con leyes. La ley es una institución que evoluciona y permite que las relaciones en la sociedad sean posibles. Confundir la ley con la legislación, que no es otra cosa que el capricho de un político sentado en una oficina, genera muchos más problemas de los que se pretende resolver.