La transparencia obliga a quien la exige

El Ministro de Justicia (y Derechos Humanos) es, además, el asesor jurídico del Gobierno. Sus opiniones públicas tienen un peso mayor que las de sus colegas de gabinete, que deben tomarlas en cuenta. Y si tales opiniones son expresadas en un programa de televisión justo antes del voto parlamentario sobre la cuestión de confianza planteada por el Gobierno, nadie puede suponer que no han sido conversadas con el Presidente o que sean contrarias a su pensamiento político.

Afirmar que “no se debe temer al Estado empresa” y que la presencia del Estado es necesaria en algunas “actividades estratégicas”, agregando que “me parece lo que podemos ver el tema de los servicios públicos y que el Estado tenga injerencia en algunos servicios públicos (sic)”, revela una idiosincrasia política tan cercana al velasquismo de los setenta y tan lejana al capítulo económico de la Constitución vigente que deja muy poco espacio para dudar de la íntima filiación político-ideológica del Ministro Zeballos.

La justificada alarma que provocó fue amainada por unas declaraciones cuidadosamente medidas del Presidente: "Es una opinión de carácter personal que respetamos; pero ahorita lo que estamos viendo es el tema legal, y en eso sí el Minjus representa la opinión del Gobierno peruano; por ejemplo, en los temas legales o políticos. Pero en el tema económico no hay una posición del Gobierno y, por el contrario, (el modelo económico) se mantiene". “La política económica del país está claramente definida y al respecto no hemos tomado ninguna decisión”. No afirmó tajantemente que su Gobierno mantendrá la política económica que consagra la Constitución de 1993. Y el Ministro imprudente no fue removido ni renunció porque no se sintió desautorizado por la cuidadosa declaración del Jefe de Estado para desinflar un posible globo de ensayo.

La crisis producida por la cuestión de confianza ha sido felizmente superada, pero los pendientes que deja son de naturaleza constitucional, campo en el cual el Ministro de Justicia tiene una posición decisiva (y beligerante). Su permanencia y empoderamiento en el cargo serán un factor crucial para no romper el delicado equilibrio resultante con otra declaración desconcertante y provocadora, que nadie sabría si responde o no a la política del Estado. De ahí la importancia capital de la transparencia y buena fe en las actitudes del Gobierno que pidió la confianza del Congreso en una forma tan controversial.

Pero no hay trazas de transparencia en el episodio generado por el posicionamiento estatista del Ministro de Justicia, despejado a medias por el Presidente. El señor Zeballos fue nombrado y se mantiene en el cargo por la confianza del Jefe de Estado. Pero es un Ministro de Justicia que plantea estatutos especiales y discriminatorios para los comuneros de Las Bambas y las ONG de Derechos Humanos que apoyan el radicalismo antiminero que conspira contra el crecimiento y el bienestar económico de los peruanos. Apuntalando las lamentables vacilaciones del Ministro de Energía y Minas, Zeballos acaba de sentenciar al importante proyecto cuprífero Tía María, lo que viene de la mano con los pretextos aducidos para postergar la explotación de litio de Macusani, perdiendo inversiones tan valiosas como las que Bolivia y Chile han concretado.

Son posiciones gratas para los gobernadores extremistas de Puno (Aduviri), Arequipa (Cáceres Lliclla) y Cuevas (Moquegua), clientes preferentes de Evo Morales. Conquistar su simpatía o apaciguarlos parece ser una prioridad gubernamental en la que se cuenta con el respaldo del Presidente de Bolivia, ignorando las consecuencias geopolíticas y económicas de esa asociación dependiente y, por tanto, desventajosa para el Perú.

La salida del traumático capítulo de la cuestión de confianza solo será sostenible si los poderes Ejecutivo y Legislativo actúan con transparencia y lealtad recíprocas. Sin agendas ocultas y con la integridad que exige el servicio al interés nacional de parte de gobernantes y parlamentarios, que deberían responder a la confianza que les otorgamos los ciudadanos, víctimas y no beneficiarios de su actuación.