J. Eduardo Ponce Vivanco
La IIRSA original. La del año 2000
Una institución devenida en el escudo del socialismo del siglo XXI

Desde el estercolero en que Lava Jato ha convertido a la política nacional recordaré el primer -e impecable - antecedente sobre la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que consta en los documentos aprobados por los Presidentes de América del Sur, reunidos por primera vez en Brasilia el 31 de agosto y 1 de setiembre de 2000, a invitación del Presidente Fernando Henrique Cardoso [1]. El principal es la declaración prolijamente negociada por los embajadores en Brasil (entre los que me tocó representar al Perú) cuando Lula ni siquiera era candidato (inició su mandato el 2003). No gobernaban Kirchner, Evo, Correa o Tabaré Vásquez. Hugo Chávez fue parte del acuerdo poco después de ser elegido en democracia. El ALBA no existía. Lo que sí se discutía vigorosamente era el ALCA propuesta por EEUU. Además de infraestructura y comercio, el Comunicado Presidencial de Brasilia abarca la temática de paz, seguridad, democracia, drogas y delitos asociados, e información, conocimiento y tecnología. Esa I Cumbre también aprobó un Plan de Acción específico y minucioso para la IIRSA[2], con proyectos de infraestructura (llamados Ejes de Desarrollo) y criterios complementarios a los convenidos en el Comunicado.
Valga este contexto para una república de ciudadanos mal informados y desmemoriados, donde pocos conocen o recuerdan lo que ocurrió hace 19 años. Los acuerdos enlazados a pie de pagina permiten comprobar que tan sólo se requería implementarlos, y que nunca se tuvo el propósito de crear un organismo adicional a los muchos que sobreviven como zombies en nuestro poblado cementerio regional.
Pero bastó la llegada de Lula, Kirchner y Toledo para alentar las aspiraciones geopolíticas y corruptoras del chavismo, propiciando la malhadada confiscación de los acuerdos consagrados el año 2000 a fin de convertirlos en pretexto para inventar, innecesariamente, la Comunidad Sudamericana de Naciones-UNASUR, una propuesta peruana cuya partida de nacimiento es la Declaración del Cuzco (diciembre 2004) adoptada en la III Cumbre - presidida por Alejandro Toledo -.
El híper organismo se implementó los años siguientes en base al Tratado Constitutivo (2008) que se (mal)negoció con la pretención de establecer una suerte de multifacético gobierno sudamericano bajo la férula de Lula, Chávez y Kirchner (su primer Secretario Ejecutivo de renombre). El comando operaría en el espectacular edificio obsequiado por Rafael Correa en Quito, con el respaldo político del Parlamento Sudamericano al que Evo Morales regaló otro ostentoso edificio en Cochabamba (2008).
Así expropiaron la IIRSA funcional y eficiente del año 2000 para convertirla en el principal escudo regional del Socialismo del Siglo XXI, conjuntamente con el ALBA, Petrocaribe (Acuerdo de Cooperación Enegética que incluye a Cuba), y el Foro de Sao Paulo. UNASUR tuvo consejos de ministros en todos los sectores importantes (el más activo y peligroso fue el de Defensa, como se evidencia unsursg.org).
Estos desafueros inspirados por las ambiciones geopolíticas y el afán de poder de las izquierdas sudamericanas colapsaron cuando los miembros más gravitantes de la organización – Perú entre ellos – decidieron suspender su participación. UNASUR quebró. Ecuador, el donante del edificio-sede, rescató el inmueble. La estatua de Kichner fue retirada de la entrada y, meses después, el Presidente Lenin Moreno se sumó a los mandatarios que acordaron liquidarla, optando por un mecanismo ágil y exento de burocracia como PROSUR, una alternativa en proceso de configuración que coordinará a sus Miembros en una era de transformaciones radicales en la vida internacional que, hasta ahora, sigue moldeada por las experiencias de un pasado extinguido.
Es una historia frustrante, como la mayoría de los intentos latinoamericanos de integración. La IIRSA pactada a fines del siglo pasado no hubiera podido convalidar la fraudulenta elección de Maduro como se hizo cuando Humala convocó a UNASUR para una reunión de emergencia en Lima; no habría aprobado los casi $ 10 millones presupuestados para la Secretaria de UNASUR en 2018; y, tal vez, los proyectos de infraestructura no habrían sido el germen perverso y devastador de Lava Jato.
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