La era de "lo que le gusta a la gente”

En este ensayo abordo la nueva visión que se está posicionando en el país y que nos lleva a sostener la necesidad de adecuarnos jurídicamente –en un contexto de realpolitik–, para lograr satisfacer lo que se percibe como exigencia social. Las decisiones que se vienen adoptando implican incluso poner de lado la seguridad jurídica, pues se privilegia la obtención de resultados concretos, ya fueren decisiones judiciales o administrativas, las cuales se asumen como justas o necesarias socialmente.

Hace rato, en el mundo empresarial, las decisiones van dejando de ser financieras y jurídicas, propias de la unidad económica, para centrarse en los planteamientos o visiones de los stakeholders, la sociedad civil o los grupos sociales de consumidores. El caso más reciente en nuestro país lo constituye el proyecto Tía María, donde se obtienen permisos y autorizaciones previstas en el orden jurídico; pero las autoridades políticas precisan que debe contar con la licencia social para poder operar. La empresa así lo acepta también. 

A nivel político, en la región venimos viendo como se dan las irrupciones constitucionales, y nuestro país no es ajeno a dicha tendencia. Tuvimos una propuesta presidencial de interrupción del plazo procesal parlamentario, no prevista en la Constitución, para adelantar las elecciones generales. Esta propuesta no fue aceptada por el Congreso de la República y, mediante la articulación de medidas legales, este Poder del Estado terminó disuelto y se generó un proceso electoral complementario. La validez política y jurídica de las elecciones ha sido aceptada por la mayoría de la ciudadanía y hasta por el Tribunal Constitucional. 

A nivel jurídico, en lo que se refiere a los juzgamientos penales, la sanción mediática es la regla: tenemos una exhibición de los detenidos e investigados sin pudor y sin respeto a la presunción de inocencia. Además jueces y fiscales ejecutan el sentir popular y envian a las personas a prisión sin condena; prisión preventiva le llaman. Y así tenemos en que la población en establecimientos penitenciarios está compuesta por 95,000 personas, de las cuales 60,000 personas aproximadamente tienen la condición de procesados; o sea, sin sentencia. A nadie se le mueve media pestaña; es más, se estima necesario y correcto.

En días pasados hemos visto como profesionales del derecho, que están siendo investigados, sin que exista denuncia formal todavía, son trasladados por la Policía con la anuencia de juez y fiscal, no solo enmarrocados de las manos, sino encadenados de los pies. ¿Alguien se escandalizó? Solo unos cuantos, que conocen que tal proceder constituye una afectación a la integridad e imagen de la persona. Y el Estado peruano ya fue condenado por excesos similares en la época de juzgamientos a terroristas. Los demás aprueban hacer tabla rasa del orden jurídico.

A nivel político, los partidos y la ideología son casi inexistentes. Hoy se elige a los grupos y las personas de modo informal, en las regiones es imprescindible presidir un frente de defensa de algo, para poder hacer carrera política y así quizás llegar hasta presidente. La militancia y las elecciones, bien gracias.

La cereza del pastel, la encontramos a nivel económico. Tenemos que el 74% de la población que labora lo hace al margen de las regulaciones obligatorias existentes. Esto implica que la ciudadanía mayoritariamente pone de lado las normas tributarias, laborales y de seguridad, entre otras, y decide funcionar conforme a sus propios criterios, por la vía libre no regulada. Así tenemos que la Población Económicamente Activa asciende a unos 16.5 millones de personas, y nada menos que casi trece millones están al margen de la ley. 

La conclusión personal, al día de hoy, es que los estándares legales, económicos y similares incomodan, no se sienten que responden a la realidad que los ciudadanos deseamos. El pueblo opina y no quiere perder tiempo en consolidar el país o las instituciones. No no se visualiza el país, no se piensa en las consecuencias o las implicancias, no tenemos apego a las instituciones. Se tiene que hacer lo que le gusta a la gente.

Así nos toca establecer, rumbo al bicentenario y a la luz del Perú primero, cuál será el mínimo básico y elemental que mantendremos para seguir llamándonos una sociedad democrática. Los estándares en derechos humanos y el contenido mínimo de las regulaciones se ven avasallados por las autoridades,que responden a la realidad y no a los principios, que hoy suenan obsoletos e irreverentes. 

Nos toca promover un cambio, pero en forma constructiva,  en los niveles político y económico. Un cambio que tenga un alto contenido de realismo, ya que lo que queda en evidencia es que aún no hemos hecho lo suficiente para ser una sociedad consolidada.