La democracia como escenografía

Durante décadas, el colapso de una democracia se anunciaba con el estruendo de un golpe de Estado o la suspensión abrupta de las leyes. Sin embargo, en el siglo XXI el autoritarismo ha aprendido a ser más sofisticado: ya no se busca derribar el edificio democrático, sino vaciarlo de contenido mientras se mantiene la fachada intacta. Hoy asistimos a un fenómeno paradójico: un creciente interés político y social por desfigurar las instituciones utilizando sus propios mecanismos. Históricamente, las democracias caían bajo el estruendo de los tanques; en la actualidad, el proceso es más silencioso: se desfigura el rostro de la libertad utilizando sus propias herramientas, las leyes, las urnas y el discurso público.

Por eso cabe interrogarnos: ¿por qué parece haber hoy un interés renovado en conservar la estética de la democracia mientras se destruye su esencia? ¿Por qué esa desfiguración se ha vuelto una estrategia tan atractiva y peligrosamente eficaz para quienes desean mantener o controlar el poder? Para entender el interés actual por desfigurar la democracia, es necesario mirar hacia atrás. Si a inicios del siglo XX el fascismo y el totalitarismo se presentaron como alternativas destructoras que venían “de fuera”, el último tercio del siglo nos heredó dos enemigos mucho más sutiles y domésticos: la tecnocracia y el populismo. Ambos, aunque opuestos, coinciden en algo: desprecian la deliberación democrática. Mientras el tecnócrata cree que el pueblo es demasiado “ignorante” para decidir, el populista considera que las instituciones son demasiado “lentas” o “traidoras” para actuar.

La tecnocracia desfigura la democracia al convertir la política en una mera administración de recursos. Bajo este modelo, las decisiones clave se trasladan de los parlamentos a los despachos de “expertos” no electos, convenciendo al ciudadano de que no hay alternativas y generando una profunda apatía al proyectar la imagen de una democracia sin opciones reales de cambio. El populismo moderno, por su parte, suele surgir como una reacción violenta a la frialdad tecnocrática: cuando el ciudadano siente que “los de arriba” no lo escuchan, se entrega al líder que promete romper el sistema. De este modo, la realidad se simplifica en una lucha entre “el pueblo puro” y “la élite corrupta”, logrando que las instituciones que garantizan el equilibrio de poder —jueces, prensa y leyes— empiecen a verse como “estorbos” que impiden la voluntad popular.

Toda esta arquitectura de erosión democrática encuentra hoy en el Perú un laboratorio alarmante. A medida que nos acercamos a las Elecciones Generales de 2026, el escenario no es solo de incertidumbre, sino de una fragilidad sistémica que podría ser definitiva. En ese contexto, la desfiguración en nuestro país tiene rasgos propios: una atomización partidaria sin precedentes, con decenas de organizaciones irregularmente inscritas; la fragilidad de la autonomía de los organismos electorales; y una desconexión casi total entre el ciudadano y sus representantes, donde las redes sociales y la desinformación facilitan esa escenografía. Aquí, la pinza entre la tecnocracia ineficiente y el populismo mesiánico ha dejado de ser una metáfora para convertirse en nuestra rutina política, en la que el Congreso y el Ejecutivo parecen haber olvidado que su legitimidad emana de la población y no de sus propios intereses.

El Perú se encuentra en una encrucijada histórica. En las próximas elecciones no solo elegiremos nombres, sino el modelo de convivencia que queremos para las décadas venideras. Si permitimos que la apatía nos venza, estaremos entregando el país a quienes tienen un interés directo en mantener una democracia desfigurada y vacía. Es hora de entender que la democracia no se defiende sola: se defiende cada día, con la palabra, con la memoria y, sobre todo, con la firme convicción de que el poder real debe volver a manos de ciudadanos conscientes, no de clientes ni de fanáticos.

Frente a este panorama, amerita un llamado a la “resistencia ciudadana”. Evitar que la democracia sucumba no es tarea exclusiva de los políticos, sino un imperativo de supervivencia para la ciudadanía. Para que el 2026 no sea el funeral de nuestro sistema, es necesario convertir el voto informado en el primer acto de rebeldía, evitando que nuestro enojo legítimo sea moldeado por perfiles de redes sociales que solo buscan profundizar la polarización; exigir la independencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la ONPE es defender nuestro propio derecho a elegir, vigilando su integridad institucional; y rechazar las ofertas que prometen soluciones mágicas a cambio de sacrificar libertades. El populismo ofrece un fuego que calienta rápido, pero que termina quemando la casa de todos.