La amenaza fantasma

La Presidenta de la República declaró la inconveniencia de una asamblea constituyente, dada la naturaleza transitoria de su gobierno. Sin embargo, días después, tras conceder entrevistas a medios periodísticos nacionales, sostuvo que “la voluntad del pueblo sobre una asamblea constituyente no está descartada”. Se trata de una evidente contradicción que no demoró en producir cierta zozobra en las redes sociales; no obstante, tenemos que advertir que fue una respuesta ante una pregunta formulada en vivo por un medio de comunicación. Por eso, a diferencia del mensaje oficial transmitido al lado del primer ministro, y acordado con su gabinete, la segunda fue una rápida salida y calculada respuesta ante un medio periodístico. En conclusión, que la asamblea constituyente no esté descartada tampoco significa su promoción a cargo del gobierno transitorio (Realpolitik).

El 2023 acaba de comenzar y la Constitución peruana cumplirá treinta años de vigencia; tres décadas de constantes amenazas durante las campañas electorales para dejarla sin efecto o proponer el retorno a la Carta de 1979. Lo usual era tomar la asamblea como una propuesta electoral que luego, por diversas circunstancias, se “desinflaba” tras asumir la presidencia. No obstante, el Gobierno iniciado en julio de 2021 continuó con la tarea de convocar una nueva asamblea sin escatimar medios y acciones para conseguirlo, desde la juramentación presidencial hasta el fallido golpe de Estado. Las fuerzas parlamentarias de oposición resistieron los embates mediante la correcta interpretación de que solo al Congreso le corresponde reformar la Constitución, así como archivaron el proyecto de ley para convocar un referéndum.

La amenaza fantasma de una asamblea constituyente continuará mientras no exista la voluntad política para reconocer la legitimidad de ejercicio de la Constitución de 1993. No solo por la ininterrumpida alternancia democrática y elección de autoridades, a pesar de las nefastas “reformas vizcarristas” (que deben corregirse), sino también por la jurisprudencia de su máximo intérprete que les dio contenido y alcance a sus disposiciones.

Destacamos también la concreción de las libertades económicas en un título especial que permitió el despertar de una clase social tan emprendedora como resiliente. Es decir, con la capacidad para adaptarse y superar cualquier dificultad en el camino. La pandemia fue su más trágico ejemplo. Todo lo anterior se sum a la necesidad de cubrir las lagunas legales necesarias para evitar monopolios y oligopolios en el mercado, y de un mejor sistema tributario que permita la justa implementación de un Estado Social, mediante diversas políticas públicas que realicen la inclusión de la sociedad hacia su pleno desarrollo social, cultural y económico.

La recomposición de la gran clase media es medular para la progresiva revitalización de los partidos políticos de centro, que son la objetividad sobre qué y cómo hacerlo, más que la equidistancia ideológica. Así se evitan los extremismos y nos alejaremos de la amenaza fantasma.