Inmunidad anulada, Congreso maniatado

El Artículo 93 de la Constitución establece la protección a los congresistas durante su periodo legislativo y hasta un mes después de concluidas sus funciones, con el objetivo de no ser procesados judicialmente ni apresados, salvo con la autorización previa del Parlamento o de la Comisión Permanente. Posteriormente los excongresistas pasan a ser ciudadanos comunes, sometidos a la ley, y pueden ser acusados y enjuiciados como corresponde.

La inmunidad parlamentaria funciona como una coraza de hierro cuando vas a pelear una guerra. Negarse a utilizarla te convierte en un tarugo calientacurul o cómplice de los candidatos al banquillo de los interpelados. ¿A qué vas a la guerra si no vas a llevar tus armaduras? ¿A qué postulan al Congreso de la República? ¿Solo a marcar y a tomarse la foto del recuerdo? Realmente les resultaría más productivo dedicarse a otras labores, si no van a cumplir a carta cabal las funciones congresales que la nación encarga.

Justamente la inmunidad parlamentaria es un candado que permite al parlamentario cumplir con el rol fiscalizador, denunciando los actos de corrupción del Estado y supervisando el buen uso de los recursos públicos, sin ser acusado penalmente o detenido sin fundamento por alguna reacción vengativa de la contraparte, que pretenda obstaculizar las investigaciones. Esta prerrogativa permite garantizar el buen funcionamiento del Congreso. No es un invento producto de algún capricho constitucional peruano, sino que, según expertos en la materia, tiene antecedentes situados en Europa, principalmente en Francia e Inglaterra, con la finalidad de la independencia y separación de poderes.

Eliminar la inmunidad parlamentaria no solo responde al virus populista que pulula en el nuevo Congreso, compuesto mayoritariamente por caudillos aventureros que pretenden degenerar la esencia parlamentaria, sino que además se presta al blindaje político del Ejecutivo. Un congresista sin inmunidad se convierte en un soldado desarmado, vulnerable y blanco fácil de ataque para ser doblegado, pues, por temor a represalias o persecuciones políticas, evitará la fiscalización y cualquier tipo de enfrentamiento.

Cabe precisar que el presidente de la República, a diferencia del Congreso, cuenta con una inmunidad absoluta. Si seguimos la lógica de quienes apoyan la eliminación de la inmunidad legislativa, e invocamos el principio del equilibrio de poderes, ¿por qué no se solicita de la misma manera la eliminación de la inmunidad presidencial?, ¿por qué tanto ahínco en desplumar al Parlamento? Toda esta parafernalia antiparlamentaria tiene como fin desprestigiar a nuestra democracia. Si siguen existiendo personajes cuestionados en el Congreso, a pesar del ejercicio congresal sin inmunidad, los antisistema radicales dirán que la democracia no tiene solución. Y querrán aprovechar el caos para erigirse como personajes mesiánicos, prometiendo paraísos utópicos y captando a nuevos incautos.

Si realmente queremos congresistas con una trayectoria limpia, que no estén involucrados en actos de corrupción, se debe refinar los filtros en la etapa previa a la elección. Proponer requisitos con estándares estrictos para los candidatos sería una solución viable, en vez de cercenar el sistema congresal. Los partidos políticos, que hoy están en ruinas, deben preocuparse por trabajar este aspecto y ofertar candidatos con una línea de vida impecable para satisfacer las demandas de calidad política de la sociedad.